La organización ecologista Ben Magec advierte que el reparto de competencias que figura en la nueva Ley del Suelo aumentará la conflictividad judicial en el planeamiento del territorio lo que, lejos de agilizar los procedimientos, provocará el efecto contrario previsto por el Gobierno. En sus alegaciones al anteproyecto, los ecologistas consideran que este incremento de la litigiosidad puede provocar que aquellas sentencias que declaren la nulidad de un instrumento de ordenación lo hagan tarde y perjudique a terceros, con las consiguientes reclamaciones patrimoniales y el bloqueo de los usos del suelo.

Trasladar "el peso de las decisiones estratégicas" a los ayuntamientos es contradictorio para Ben Magec ya que supone ejercer una mayor presión sobre el ámbito "más débil" de toda la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma. Recuerda la organización que la falta de estructuras técnicas, jurídicas y administrativas en la mayoría de los ayuntamientos y la presión sobre los secretarios municipales y los alcaldes no ayudan a justificar la redistribución que plantea el texto. También consideran "irrenunciable" que haya un mínimo de coordinación territorial del planeamiento municipal en los planes insulares.

La redistribución de competencias en el territorio sin prever medios económicos, materiales y personal, ni plazos o periodos transitorios para la asunción de nuevas competencias puede provocar que el control de legalidad sobre la ordenación del territorio termine en los juzgados, lo que supone un control a posteriori que se dilata en el tiempo.

Los ecologistas proponen que los informes de los cabildos y del Gobierno sean vinculantes en aquellos instrumentos de ordenación que les competan ya que, en el caso de las corporaciones insulares, se estima que hay un vaciado de contenido sobre el planeamiento insular. Las alegaciones de Ben Magec ven "preocupante" el contenido del anteproyecto de ley en relación con la evaluación ambiental del planeamiento urbanístico. Según refleja el documento, no se aclara suficientemente el papel ni la naturaleza del órgano ambiental municipal que interviene en la aprobación de los planes generales y tampoco queda garantizada la independencia orgánica y funcional entre este órgano y el encargado de la redacción y aprobación del plan, lo que contraviene la legislación estatal que exige que los órganos ambientales deben estar separados y ser independientes de los órganos políticos.

También los ecologistas cuestionan el proceso de participación ciudadana contenido en el anteproyecto de ley, que consideran "cojo" ya que se toca muy someramente en el articulado, lo que lleva a deducir que hay un "desconocimiento" de los acuerdos internacionales en los que se refleja que las estrategias de desarrollo sostenible debe contar con una amplia participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el público en general. Tampoco en el proceso de confección del texto ha existido participación ciudadana: "Desde este colectivo tenemos que manifestar nuestro desacuerdo y decepción por la ausencia de procesos de participación ciudadana para la elaboración de este anteproyecto de ley", lamenta la organización ecologista.