El Gobierno de Canarias defendió ayer su decisión de recortar en un 20% la jornada y el sueldo durante 2013 a más de 2.000 empleados de la Comunidad Autónoma para evitar "despidos masivos" en la administración. No obstante, el Ejecutivo admitió que sus argumentos no fueron suficientes para convencer al Tribunal Constitucional de la idoneidad de esta medida, que el órgano judicial ha declarado nula por "discriminatoria".
La iniciativa del Ejecutivo afectó al personal laboral temporal e indefinido y a los funcionarios interinos, que resultaron perjudicados por la resolución del Gobierno durante cuatro meses -de enero a abril-, ya que después se restituyeron al colectivo los derechos perdidos. Sin embargo, los recursos judiciales interpuestos siguieron su curso.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, admitió ayer que el Gobierno conocía la directiva europea que advertía de que la rebaja del salario y la jornada contravenía la normativa de la UE, pero alegó que se hizo debido a "razones objetivas".
Afonso, que ejerció en la anterior legislatura como director general de Administración Pública, explicó que la cláusula cuarta de esa directiva establece el principio de no discriminación, "salvo que haya razones objetivas que permitan un t rato diferenciado". "Esas razones objetivas son las que trató de justificar el Gobierno, cuyo objetivo principal era contener el gasto público y mantener el empleo", insistió en el pleno del Parlamento.
"Es obvio que por parte del Gobierno no se habrán podido establecer los argumentos precisos", añadió Afonso, en respuesta a una pregunta del portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez.
El consejero replicó que "cuando pasan cuatro años se pierde la perspectiva de la situación que atravesaba la Comunidad Autónoma cuando se vio abocada a adoptar esta decisión". Una decisión, que, por otra parte, no le gustaba adoptar al Gobierno, pero que, según Afonso, era "absolutamente necesaria en ese momento para evitar los despidos masivos" en la administración pública canaria.
El despido de personal "hubiera sido el mecanismo más sencillo", señaló Afonso, que recordó que en el año 2012 se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, que conllevaron un ajuste de las cuentas canarias en más de 800 millones de euros, además de otro recorte de 450 millones adicionales en 2013.
En su intervención en la Cámara, Afonso trasladó su respeto a la sentencia del TC, un fallo que, al entender de Rodríguez, era "previsible".
En este punto, el dirigente nacionalista señaló que "no había que ser ningún experto jurídico para saber que no se puede discriminar a una parte de los trabajadores por la duración de sus contratos". "Eso lo dice la normativa europea, el Derecho español en materia laboral, el sentido común y el sentido de la justicia y la proporcionalidad".
Rodríguez insistió en que la medida adoptada por el Gobierno fue "discriminatoria, injusta y contraria a la Constitución y al Derecho Comunitario".
Tras el dictamen judicial, pidió al pacto de socialistas y nacionalistas que "aprendan del pasado", ya que en su día no atendieron las advertencias de la oposición, los sindicatos y el Diputado del Común.
Román Rodríguez criticó que el Ejecutivo "hurtó" a la oposición la posibilidad de debatir la medida en 2013, y acusó al Gobierno autonómico de saltarse los "controles jurídicos" para llevarla a cabo.
