El juez Salvador Alba remitió el 4 de mayo un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para informar de su reunión con el empresario y presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez. El magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, que sustituyó a Victoria Rosell provisionalmente en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, comunicó al órgano de gobierno de los jueces que el dueño del Grupo Ralons se personó el 16 de marzo en dependencias judiciales y solicitó hablar con él.
En el documento, que Alba envió justo un día después de abandonar el juzgado, precisó que en una conversación informal en el despacho Ramírez le reveló que tenía datos que ponían de relieve que "mantenía y había mantenido relaciones comerciales y/o empresariales" con empresas del entorno de la pareja de la magistrada Rosell, quien abrió en febrero de 2014 una causa contra el propietario de Seguridad Integral Canaria por presunto fraude fiscal, tras una querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En el transcurso de la conversación Ramírez trasladó a Alba los "detalles" de tales relaciones y el magistrado le advirtió de que estos datos "podrían tener relevancia procesal en la causa" que instruía y que había retomado al sustituir a Rosell en el juzgado. En ese instante, Alba apreciaba que las revelaciones del empresario podrían apuntar a una posible concurrencia de causas de abstención por parte de la juez y la posible nulidad de lo actuado, entre otras consecuencias.
De ahí que, según la versión del magistrado, avisó al empresario de que sus afirmaciones "debían ser judicializadas" y tenía que prestar declaración ante las partes involucradas en la instrucción y el secretario judicial para que conste en el proceso. De lo contrario, todo lo que le comentase carecía de "cualquier validez o relevancia".
"Cumplidamente"
En este sentido, Alba alega que informó "cumplidamente" a la fiscal de Delitos Económicos del TSJC Evangelina Ríos de la charla con Ramírez, así como le notificó el resultado de la investigación patrimonial realizada por la Agencia Tributaria sobre el empresario y la información contable de los investigados. De ahí que días después se citó formalmente a Ramírez para prestar declaración ante el juzgado.
En su comparecencia el 23 de marzo, Ramírez expuso sus negocios con la pareja de Victoria Rosell. En la conversación, el empresario vertió otras manifestaciones relacionadas con "otros magistrados y una diputada por Las Palmas, no Rosell", ajenas a la causa en tramitación, recoge el escrito de Salvador Alba al CGPJ.
"Esta manifestación espontánea del investigado que, insisto, tanto este magistrado como el Ministerio Fiscal quisieron que constara en el procedimiento debidamente cumplimentada y asistido el investigado de todas las garantías procesales, arrojó la totalidad de los datos que motivaron el informe que se remite al CGPJ", apunta Alba, que, además, remitió una copia de su testimonio al presidente del TSJC, Antonio Doreste, y a su Sala de Gobierno.
El juez envió el 20 de abril al Tribunal Supremo un informe en el que alertó del retraso en la tramitación de la causa contra Ramírez, una demora que atribuye a la actuación de Rosell, ya que entre una providencia del 14 de julio de 2014 y otra de 10 de julio de 2015 se dictó tan sólo el auto de 5 de mayo de 2015 que resolvía un recurso interpuesto por la Fiscalía en abril del año anterior, y una providencia del 18 de junio. Es decir, durante un año Rosell sólo dictó dos resoluciones judiciales, a pesar de que constaban siete escritos de la acusación particular pidiendo impulso procesal y numerosas peticiones sin resolver, como escritos de ampliación de querella, solicitud de fianza, recurso de reforma pendiente, diligencias sin realizar como numerosas testificales, aparte de que había informes de la Policía que "deberían haber sido objeto de análisis y estudio por las partes y se unieron al procedimiento sin sello ni registro alguno".
Alba incluyó estas valoraciones también en el informe que le solicitó el 14 de abril el Tribunal Supremo, interesado en conocer "las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso" contra Miguel Ángel Ramírez. El magistrado envió el citado informe el 20 de abril y en él dio cuenta del retraso "evidente e inexplicable" en la investigación iniciada por Rosell.
Este dossier fue clave para el Supremo, que el 26 de abril decidió abrir una investigación a Rosell por delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho.
