Jueces para la Democracia (JpD) ha expresado este viernes su "sorpresa, alarma y preocupación" ante la grabación de una conversación supuestamente mantenida entre el magistrado Salvador Alba y el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez, previa a su declaración judicial.
En un comunicado, JpD señala que estos hechos han provocado una "notable inquietud" en la judicatura y una "comprensible conmoción ciudadana" sobre el funcionamiento de la Justicia en España y pide una investigación urgente para su esclarecimiento.
Además, considera que de ser auténtica la grabación se habría producido la manipulación de un proceso penal en unos términos sin precedentes.
JpD añade que sería "inaudito" que un juez se hubiera reunido con un investigado para preparar de forma pactada los términos y la forma de una declaración judicial posterior.
Para JpD sería "inadmisible" que hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del proceso penal y que con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un procedimiento ante el Tribunal Supremo.
Las circunstancias que rodean este asunto resultan cuanto menos "anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie, por el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía, declarada ilegal por el TSJ de Canarias, y la emisión de un inusual informe por parte de este mismo juez".
Según JpD, la confirmación de los hechos denunciados supondría la existencia de interferencias políticas partidistas en actuaciones judiciales específicas y, por ello, considera que deben activarse los mecanismos del Estado de Derecho para que estos hechos sean aclarados a la mayor brevedad.
Y para que, en su caso, se determinen las posibles responsabilidades disciplinarias y penales.
Desde JpD se valora que los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial hayan iniciado actuaciones para analizar las infracciones disciplinarias que se puedan haber cometido en el caso de que se acredite la autenticidad de las referidas grabaciones.
JpD recuerda que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad y que cualquier "uso torticero de la jurisdicción" supone un intenso deterioro de la credibilidad del sistema judicial.
La organización judicial expresa su confianza en que los órganos competentes investigarán con rigor los hechos denunciados, que revisten una "enorme gravedad".
El Estado Constitucional se pone a prueba cuando se pueden haber atacado sus principios esenciales, pero siempre dispone de instrumentos para que estos se mantengan, concluye el comunicado de JpD.
