Colectivos de juristas y partidos políticos condenaron ayer la actuación del magistrado Salvador Alba. Tras conocerse que presuntamente conspiró en una reunión privada con el empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño del grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas, para perjudicar a la juez en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell, a cambio del archivo de su procedimiento por delito fiscal, las reacciones no de estupefacción y perplejidad se repitieron en ambos ámbitos.
Ante unos hechos que tildó de "enorme gravedad", el portavoz estatal de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, apuntó "consecuencias en los ámbitos disciplinario y penal", con indicios de presuntos delitos de prevaricación y coacción. "No es habitual, no pasa prácticamente nunca que un imputado se reúna con un juez", añadió Bosch, ante la posible pérdida de la "autonomía e imparcialidad" del magistrado en la causa, por lo que los "cauces del proceso" obligan a comunicaciones a través del correspondiente letrado.
"No me atrevo a hacer una valoración sobre las causas, se me escapan muchos detalles, pero las motivaciones no son tan importantes como los hechos, que dañan tremendamente la credibilidad de la Justicia", subrayó el portavoz de Jueces para la Democracia, aunque desvinculó las valoraciones de la afiliación de la magistrada a este colectivo. "No es un apoyo a Rosell ni un reproche hacia Alba, los hechos deben ser aclarados, objetivamente, porque pueden vulnerar el ordenamiento jurídico", sentenció el juez valenciano.
"Mayor urgencia"
También desde el Foro Judicial Independiente de Canarias consideró que "la anómala y excepcional situación planteada debe ser esclarecida con la mayor urgencia posible, en pro de la necesaria confianza en el recto proceder de quienes de ordinario tratamos de administrar recta e imparcial Justicia tutelando los derechos de los ciudadanos ajenos a toda asechanza y fin espurio". Mediante una nota de prensa, el colectivo presidido por Víctor Caba apremió tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que "usen los medios y adopten las medidas que fueran necesarias para aclarar cuanto antes lo sucedido y dirimir las posibles responsabilidades de toda índole que, en su caso, puedan derivarse".
El máximo responsable de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias, Ramón Toubes, prefirió no valorar el asunto por la vinculación del colectivo con Alba -actual socio y anterior presidente-. Tampoco el titular canario de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Tomás González, realizó comentarios hasta "valorar con detenimiento, en frío", el tema.
El portavoz del Partido Socialista (PSC-PSOE) en el Parlamento autonómico, Iñaki Lavandera, mostró ayer su "absoluto rechazo", ya que "resulta bastante preocupante, por no decir indignante, que haya un uso político del ámbito de la Justicia"", aunque eludió "responsabilizar nadie". En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, la magistrada Margarita Robles, futura número dos del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid, consideró "absolutamente inaceptable" el asunto, por lo que confió "que se tomen las medidas en el ámbito que corresponda".
La próxima candidata de CC al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, se limitó a considerar "absolutamente lamentable el tema, la Justicia se puede equivocar, pero esto no puede suceder". Por último, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, insistió en que "ha quedado absolutamente demostrado" que Rosell "actuó de forma indebida" en un proceso contra Ramírez por vínculos con su pareja, al margen de que surjan "asuntos" en torno al caso.
