No hay semana en que, de un modo u otro, la exdiputada de Podemos Victoria Rosellno acapare la atención mediática y sea protagonista en el resumen de los últimos siete días de La Provincia. Esta vez, en la actualidad se entremezcla su faceta política con la de juez, destacando sobre todo esta última, en una trama digna de novela policiaca, con un trasfondo de corrupción judicial en estrecha relación con manejos políticos y empresariales.

En estos días en que la juez decidía si volver a presentarse a las elecciones generales o regresar a su juzgado número 8 de la capital grancanaria, se produce un giro en torno a las sospechas de mala praxis en la instrucción del delito fiscal presuntamente cometido por el presidente del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. En unas horas, las sospechas sobre Victoria Rosell perdieron fuerza y su sustituto, el magistrado Salvador Alba, pasó de garante de la pureza de un proceso a villano, al salir a la luz la grabación de una reunión ente él y Ramírez que desvela un complot para cuestionar la labor de Rosell y forzar la nulidad de la causa contra el empresario.

Rosell empieza a respirar tras meses de sobresaltos que comenzaron cuando el 22 de octubre de 2015 el Consejo General del Poder Judicial le concede la excedencia que le permitirá presentarse como cabeza de lista de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas.

Mes y medio después, en plena campaña electoral, se produce el primer sobresalto. La Fiscalía abre una investigación sobre su actuación en la causa contra Miguel Ángel Ramírez. Ella se defiende acusando al entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, de estar detrás de la investigación de los fiscales Evangelina Ríos y Guillermo García-Panasco, con quienes reconoce que mantiene una mala relación. Durante la misma campaña, la investigación queda suspendida por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Una vez asentada Rosell en el Congreso, el 15 de febrero de este año, Soria le presenta una querella ante el Tribunal Supremo por delito de injurias, calumnias, prevaricación, retardo malicioso y cohecho en la causa contra Ramírez, una querella que no se admitirá hasta el 26 de abril, cuando Soria ya está fuera de la carrera política. Entre la presentación de la querella y su admisión a trámite, el juez Alba informa al Supremo. El magistrado tacha de "inexplicable" el retraso de la causa y utiliza la declaración en el juzgado de Ramírez, en la que le interrogó sobre sus negocios con el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, sembrando la duda sobre la actuación de ella en la causa contra Ramírez.

Y por si fuera poca la actividad en torno a Rosell en esta semana ajetreada, cuando aún colean los ecos de las voces de Ramírez y Alba en conversación grabada, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hereda del Tribunal Supremo la causa contra Victoria Rosell. Justo este viernes ha recibido la comunicación para que se ocupe de la querella al haber dejado la juez de ser aforada.