Usted que dirigió los inicios de la legislación sobre el territorio de Canarias ¿este anteproyecto de la Ley del Suelo marca un punto de inflexión en esta materia después de 30 años de autonomía?

La ordenación del territorio es un problema vivo y no es un asunto que se cierre o se abra con carácter definitivo. Lo que sí es importante señalar es el grado de oportunidad que tiene la ley en este preciso instante y ese es un aspecto que debe conocer la población. La ley refleja entre sus principios generales que nace con la pretensión de simplificar, racionalizar y actualizar, que son tres conceptos muy importantes ¿Por qué se hace en este momento y no en otro? Se ha intentado ya por dos veces consecutivas enderezar una deriva que resulta insoportable desde el punto de vista del interés público, pero estos dos intentos han fracasado -la Ley de Medidas Urgentes de 2009 y la Ley de Simplificación y Armonización de 2014- y era imprescindible afrontar este asunto desde otras ópticas.

¿Y en qué momento cree que estamos?

Los resultados de la ordenación del territorio en Canarias son escalofriantes. Haciendo un símil con términos educativos podríamos afirmar que hay un 76% de fracaso territorial. Esto quiere decir que 5.721 kilómetros cuadrados del Archipiélago están fuera del sistema: hay 2.392 kilómetros cuadrados que corresponden a 26 municipios que llevan más de 16 años intentando aprobar el plan general y hay 3.329 kilómetros cuadrados, de 35 municipios, que ni siquiera han iniciado el proceso de adaptación a la Ley del Territorio del año 2000. Si estos datos no fueran suficientemente alarmantes, resulta que de los 26 planes aprobados siete han sido suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De esta forma, el rédito de planeamiento adaptado al sistema es peor que en 2011, que eran 20 planes adaptados. En este desastre se puede hablar de maraña administrativa, de ineficiencia y de lo que se quiera pero estos datos no los puede rebatir nadie porque están publicados y son irrefutables.

Cuando usted llegó al Gobierno en 1985 puso en marcha la Consejería de Política Territorial y las primeras leyes de ordenación del suelo ¿Cómo estaba el urbanismo en esa época?

La situación del urbanismo era bastante preocupante, sólo en Fuerteventura había 800.000 camas clasificadas y en Lanzarote más de 400.000. El planeamiento era casi inexistente y el que había era eminentemente especulativo. Se tomaron decisiones difíciles y complejas, entre ellas aprobar la primera ley de Espacios Naturales que protegió el 36% del territorio.

¿Cuándo se inició la deriva en el planeamiento y gestión del territorio a la que ha llegado Canarias?

El primer hito fue la moratoria de 2001. Yo participé en los prolegómenos en representación de una de las corporaciones insulares, pero a mitad del proceso dimití porque me di cuenta ya en ese momento de que era un fraude, como finalmente se ha demostrado. El número de camas turísticas que se construyó entre 2001 y 2009 fueron 83.000 pese a la vigencia de la moratoria, de las cuales 17.000 fueron por sentencia judicial y el resto debido a las excepciones.

Pero más allá de la moratoria turística también se ralentizó y atascó todo el planeamiento de las Islas ¿no?

El segundo hito lo constituyó la ley de Directrices que, en mi opinión, volvió a ser un fraude porque se convirtió en el instrumento de planeamiento del Gobierno. La ley del territorio del 2000 era un sistema jerárquico y piramidal de tal forma que la ley cabecera era única y, de repente, le salieron hermanastros con las Directrices y, posteriormente, la situación fue a peor con la Ley de Medidas Urgentes y el remate fue con la Ley de Armonización. Se pasó a un gobierno de cuatro leyes que ha generado una transversalidad de disposiciones y preceptos que entran en contradicción y se pisotean unos a otros, dando lugar a lo que conocemos como maraña administrativa.

¿Con este anteproyecto de Ley del Suelo se rescata esa figura de la ley de cabecera que había antes?

En mi opinión esta ley, sin renunciar en absoluto a los principios generales que han inspirado la filosofía de ordenación del territorio, deroga las cuatro leyes y organiza de nuevo el sistema como una estructura jerárquica y con una sola ley de cabecera. Tanto desde el punto de vista técnico como funcional supone un avance de una dimensión extraordinaria.

Las alegaciones más críticas con el nuevo texto cuestionan los cambios en la Cotmac y que se cargue todo el peso de la aprobación de los planes en los ayuntamientos ¿qué le parece?

Las críticas que se vierten van armadas de bastante retórica, un alto contenido de tópicos y no he oído a ninguno de esos críticos ni ahora ni en el pasado analizar de qué situación partimos y hacia dónde queremos ir. En el caso concreto de la Cotmac le puedo decir que llevo más de 20 años sentándome por un motivo u otro en la Cotmac o en la ponencia técnica y desde luego me gustaría que alguna de esas voces críticas se tomaran la molestia de oir la grabación de tres o cuatro sesiones porque aquello es un guirigay inmanejable, ante un sistema de planeamiento que está totalmente adulterado. La responsabilidad también recae en los distintos gobiernos, que no han reglamentado las leyes ni han elaborado las instrucciones técnicas. Tampoco se han definido en estos años los niveles competenciales de cada Administración y lo que hace esta nueva ley es poner en su sitio la competencia de cada institución. Al hacerlo no pone ningún reparo en reconocerle a los ayuntamientos lo que les es propio por disposición constitucional, que es su competencia para formular el planeamiento general al margen de lo que pueda suceder en otras comunidades autónomas.

Pero los propios ayuntamientos reconocen que no tienen recursos humanos, económicos ni materiales para afrontar la elaboración de los planes generales ¿no es más un problema que una solución?

La pregunta que nos tendríamos que hacer es si la Comunidad Autónoma o los cabildos tienen recursos para mantener el planeamiento. En el Gobierno de Adán Martín la previsión presupuestaria para el planeamiento municipal e insular era de seis millones de euros, mientras en el año 2015 la consignación era de 1,5 millones y todo asignado a Gesplan. Uno de los motivos por lo que hay tanto fracaso territorial es porque los sucesivos gobiernos no han habilitado los medios suficientes, por lo que es imprescindible que esta ley vaya acompañada por una ficha financiera que podría oscilar entre los ocho y diez millones de euros para que cada Administración asuma sus competencias en el planeamiento.

En su etapa se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico y una de las críticas que se hacen a la nueva norma es que liberaliza en parte los usos del suelo rústico, ¿iría esta situación en contra del sector agrícola?

No he visto en la ley ninguna disposición que invite a pensar que eso pueda producirse. Durante estos 16 años el sector primario ha estado muy machacado por la cultura academicista de los redactores del sistema de planeamiento vigente, hasta tal punto que tienen encorsetado al sector. Soy copropietario de una explotación vitivinícola en Tenerife y llevó toda la vida vinculado al sector agrario y le puedo decir que hacer un estanque para el riego de los viñedos o hacer el tendido de una tubería de agua lleva un trámite de dos años. No le digo nada de construir una bodega, que ha resultado totalmente imposible con este sistema. Con esta ley se elimina la doble habilitación vigente hasta ahora. No creo que se vayan a liberalizar ningún tipo de usos no compatibles con el suelo rústico, lo que pasa es que el control de esos usos queda en manos de los ayuntamientos y tienen que ver con rentas complementarias derivadas de los huertos de energías renovables, el turismo rural, el uso de la resturación en las instalaciones preexistentes, etcétera. Todo lo que le oído al sector primario son loas porque está empezando a ver la luz al final del túnel ya que se van a demoler una serie de prejuicios que nacen en la universidad, en los despachos de Derecho y de determinados organimos oficiales y no en el conocimiento real del campo. Como prueba irrefutable le puedo decir que en la Cotmac nunca se ha sentado un ingeniero agrónomo. Durante unos años vino un representante de la Consejería de Agricultura pero fue cesado y nunca supe el motivo.

¿Le generan dudas los proyectos de interés autonómico e insular previstos en la nueva ley o las ordenanzas provisionales?

Soy bastante crítico con esas tres disposiciones y creo que deben ser convenientemente depuradas. Lo que es un principio incuestionable es que todas las leyes del territorio deben tener previsto un sistema excepcional de actuación pero sí es verdad que en las alegaciones de la Fecam, que ayudé a elaborar, vemos con preocupación la forma en la que está redactado el artículo, por lo que deber ser ponderado debidamente con las alegaciones y en el trámite parlamentario. Ahora bien, no he oído levantarse voces críticas cuando los últimos gobiernos han usado de forma indiscriminada hasta cuatro instrumentos de carácter excepcional. En la Ley del Territorio del 2000 está el artículo 47, que está pensado para este tipo de situaciones que prevén la suspensión del planeamiento y que se ha usado a diestro y siniestro sin que nadie levantara la voz. Después inventaron los planes de modernización y mejora de las áreas turísticas, a través de las cuales se cerraron convenios alejados de la debida discrecionalidad y ya veremos lo que ocurre en los tribunales. También se ha recurrido a los planes supletorios, por los que se subrogaron los planes de 12 ayuntamientos y ya ve como ha terminado el de San Bartolomé de Tirajana, por poner un ejemplo. Por último, se puso en marcha la Ley de Inversiones Estratégicas, que reduce a la mitad los trámites administrativos y bordea la legalidad ambiental. Se trata de cuatro abusos de gran calado y nadie ha advertido ni ha levantado la voz.