¿Qué le parece que los empresarios aplaudan el anteproyecto de la Ley del Suelo y no así los ecologistas y otros partidos políticos, incluido una parte del PSOE, que cogobierna con CC? ¿Es indicador de algo?
Sí es indicador de algo. Empezaré diciéndole que cuando yo acudí al Parlamento a defender la Ley de Espacios Naturales me encontré con una manifestación de ecologistas y fue tal la lluvia de huevos que recibí que me tuvieron que traer un traje limpio. Con este ejemplo quiero decir que, desde el máximo respeto, los ecologistas tienen la obligación de mostrar su disconformidad con cualquier cosa que suponga innovación pero, en mi opinión, deberían también haber sido capaces de alzar su voz contra los desmanes que se han producido en estos años. El sector primario ha aplaudido la ley y no he oído a nadie en contra. En el ámbito de las administraciones, hay 88 ayuntamientos que han sido capaces de ponerse de acuerdo en un único documento de alegaciones, mientras que los cabildos han sido incapaces de ponerse de acuerdo. En cuanto a los empresarios, no me extraña que hayan recibido con satisfacción la ley porque piense que el tiempo medio de redacción de un plan general en Canarias está entre ocho y diez años y se trata de la piedra angular del sistema económico, por lo que si una ley introduce un cambio de paradigma para mejorar las cosas eso significa que los plazos se reducen y los empresarios se dan cuenta de que si la ley entra en vigor el beneficio es extraordinario. Sin embargo, creo que hay algo que es trascendental y de lo que se habla poco: si de algo han pecado los gobiernos desde el año 2000 es que lo que han reglamentado lo han hecho tarde y mal, mientras que lo esencial no lo han desarrollado. Esta ley nace con el mismo vicio, es decir, sin prever a plazo fijo la elaboración de sus reglamentos y esta circunstancia puede ser una catástrofe.
¿Cómo se puede corrigir?
Desde diferentes alegaciones se insta al Gobierno a que inmediatamente desde que se inicie la tramitación de la ley comience también la elaboración de los reglamentos, porque sin ellos volvemos otra vez a la discrecionalidad en la interpretación del texto.
¿Cree que el aparato administrativo de las instituciones canarias está suficientemente formado y mentalizado para aplicar una ley que cambia todo lo hecho en los últimos 15 años?
Es también un asunto trascendental. Además de falta de formación, la que hay está bastante adulterada, especialmente en la provincia oriental. Se tendrá que hacer un esfuerzo importante porque la Administración lleva 15 años vaciando la plantilla de responsables y jefes de servicio de planeamiento y externalizando hacia Gesplan la elaboración de informes técnicos, jurídicos y medioambientales con un ranking académico de profesionales sacados del paro, con poca experiencia y unos sueldos bajos. Hay que recordar que el planeamiento territorial y urbanístico está sometido a 47 textos legislativos autonómicos, 27 textos de ámbito estatal y cuatro comunitarios, lo que supone que las personas que tienen que manejar este mapa tan complejo deben ser profesionales con mucha experiencia. Con esto quiero decir que el nivel de formación con el que el Gobierno está trabajando este asunto no es el mismo que el de los profesionales que trabajan en la mayoría de los ayuntamientos y cabildos. Yo mismo dirijo uno de los pocos despachos de urbanismo que quedan abiertos porque la política que ha practicado el anterior Gobierno regional con la empresa Gesplan ha dado al traste con la gran mayoría de las oficinas de planeamiento y los despachos profesionales especializados en esta materia.
