La sustituta de Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, ha abierto una pieza separada para analizar si la reunión que su colega Salvador Alba mantuvo con Miguel Ángel Ramírez es constitutiva de delito. El empresario, que es investigado por varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, aportó el miércoles de la semana pasada una grabación de ese encuentro y la juez remitió su transcripción a la Fiscalía, con la finalidad de que el ministerio público fije su postura e informe si procede o no enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar los hechos.
La Sala de lo Penal del TSJC es la única competente para abrir una causa contra Alba porque goza de aforamiento ante este órgano judicial como juez. Por eso la magistrada instructora, antes de calificar la actuación de su predecesor en el juzgado, ha solicitado la opinión del ministerio público y le ha dado traslado para que emita su informe, explican fuentes judiciales.
La Fiscalía de Las Palmas recibió el expediente el viernes de la semana pasada y espera emitir su dictamen en los próximos días, tras consensuar su respuesta con la Fiscalía de Canarias y con la Fiscalía General del Estado. Según se desprende de la grabación, Alba, tras acceder temporalmente al Juzgado de Instrucción número 8, se entrevistó con Ramírez y negoció supuestamente una declaración judicial con el imputado para perjudicar a Rosell, que había obtenido la excedencia para concurrir a las elecciones con Podemos, formación de la que fue diputada por Las Palmas hasta la disolución de las Cortes el pasado tres de mayo.
El posible delito, por tanto, no estaría en la reunión en sí, que se celebró en el despacho del magistrado, sino en si Alba preparó la declaración al aconsejar a Ramírez lo que debía responder para comprometer a Rosell, todo a cambio de archivar la investigación contra el empresario al considerarla nula por los vínculos comerciales entre éste y la paraje de Rosell, lo cual, según esa tesis, debería haber motivado la abstención de la magistrada en la causa abierta por fraude tributario al presidente de la UD Las Palmas y propietario del Grupo Ralons, entre las que se encuentra Seguridad Integral Canaria.
Alba, en cambio, sostiene que la grabación aportada por el empresario es un "montaje" realizado con diferentes cortes de su voz, hecho con la ayuda de una tercera persona al recoger unas conversaciones que se producen en dependencias judiciales y en días distintos. De ahí que haya denunciado al empresario por descubrimiento y revelación de secretos, falsedad, injurias, calumnias y coacciones, denuncia que tramita el Juzgado de Instrucción numero 2 de la capital grancanaria, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Alba niega que se comprometiera a archivar la causa contra Ramírez o que le diera un trato de favor, y replica que es él quien lo pide y que las decisiones tomadas en los seis meses que estuvo al frente del juzgado van en sentido contrario, entre ellas la fijación de una fianza de 17 millones para cubrir las posibles responsabilidades del fraude.
Pero el lío judicial no acaba en esa denuncia. El TSJC espera que el Tribunal Supremo le remita la querella presentada por el exministro José Manuel Soria contra Rosell por el retraso de la causa abierta a Ramírez, entre otros presuntos delitos. La admisión de esa querella se basa, precisamente, en la polémica declaración del empresario y en un informe solicitado por el Supremo al propio Alba.
Es más. Si Vallejo envía una exposición razonada al TSJC, la Sala de lo Penal no sólo tendrá que pronunciarse sobre Rosell, sino que deberá abrir diligencias previas contra Alba por las últimas revelaciones de Ramírez, algo insólito en la carrera judicial. De ahí el embrollo al que se enfrenta el TSJC.
