La Fiscalía de Las Palmas considera que existen indicios de delito en la reunión mantenida por el magistrado Salvador Alba con Miguel Ángel Ramírez. El ministerio público cree que los supuestos consejos que el juez dio al empresario investigado podrían ser constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, previsto y penado en el art. 441 del Código Penal.
Por ese motivo propone a la magistrada Carla Vallejo que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar la actuación de Alba, que fue grabada por el imputado de manera clandestina, con la finalidad de aclarar si el magistrado preparó o no la declaración judicial de Ramírez para perjudicar a Victoria Rosell, anterior responsable de la causa penal que afecta al propietario del Grupo Ralons y presidente de UD Las Palmas.
Rosell dejó el Juzgado de Instrucción número 8 para concurrir a las elecciones generales y ha solicitado incorporarse a su plaza, aunque es posible que vuelva a pedir la excedencia para repetir como cabeza de lista de Podemos en la provincia de Las Palmas. En dicho interrogatorio, el empresario revele sus relaciones comerciales con empresas vinculadas a la pareja de la exdiputada.
