Las informaciones, referidas a la grabación de una conversación mantenida entre un empresario penalmente investigado y el Magistrado Salvador Alba, previa a la declaración judicial, siguen apareciendo y ocupando portadas en los medios de comunicación pública canarios. Es más, en estos últimos días han proliferado entrevistas y reseñas de actuaciones llevadas a cabo por el citado juez, quien al parecer pretende confundir y desviar la atención con denuncias genéricas, indeterminadas y ajenas al tema y con quejas infundadas dirigidas a profesionales que se limitan a cumplir con dignidad su trabajo. Destacar también ese pretendido afán por tergiversar la realidad con presuntas tácticas y estrategias que más que aclarar, enturbian y enmarañan sin fundamento alguno la principal cuestión. Carece de toda justificación y explicación que un juez se reúna con un investigado con el fin de concretar y cerrar los términos y la forma de una declaración judicial posterior, más aún, si esa declaración lo es por un hecho ajeno al objeto del proceso penal y con ella se pretende desmerecer la actuación de la anterior instructora.
Lo expuesto contribuye a aumentar la alarma y malestar que en su día levantó la preocupante noticia, por su evidente y negativa repercusión en el mundo de la justicia y, en concreto, en el de los integrantes de la carrera judicial. Y por ello, Jueces para la Democracia, como asociación judicial, recaba ya la más enérgica e inmediata respuesta institucional, con el fin de depurar las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran, en su caso, derivarse. Y que se adopten de inmediato cuantas medidas sean necesarias para despejar dudas y desmontar las confusas y falsas apariencias que se pretenden dar. El buen nombre del Poder Judicial está en entredicho y su imagen muy dañada. Se palpa desconfianza por parte de la ciudadanía en nuestro quehacer diario y se cuestiona desde todos los ámbitos sociales la imparcialidad e independencia que debe presidir la labor judicial, si bien, seguros de una pronta e idónea respuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El CGPJ debe tomar con solvencia las riendas y actuar. Debe investigar y clarificar lo sucedido y tiene el deber de ser contundente y eficaz. Hay que recobrar cuanto antes el prestigio perdido por esta indeseada y más que lamentable situación. No se puede tolerar, si así se acredita, una actuación de tal magnitud y relevancia.
