La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) en Canarias reclamó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe con "contundencia" contra la actuación del magistrado Salvador Alba, quien supuestamente orientó una declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por fraude fiscal, para perjudicar a la juez y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.
JpD reivindica al órgano de gobierno de los jueces que adopte "ya la más enérgica e inmediata respuesta institucional, con el fin de depurar las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran, en su caso, derivarse" a raíz de la grabación de una conversación entre Alba y el dueño del Grupo Ralons, imputado en un procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
En este sentido, la asociación solicita a través de un comunicado que "se adopten de inmediato cuantas medidas sean necesarias para despejar dudas y desmontar las confusas y falsas apariencias que se pretenden dar" por parte del magistrado.
JpD -organización en la que fue portavoz Rosell- considera que Alba "pretende confundir y desviar la atención con denuncias genéricas, indeterminadas y ajenas al tema y con quejas infundadas dirigidas a profesionales que se limitan a cumplir con dignidad su trabajo".
Cuestiona "ese pretendido afán" de Alba por "tergiversar la realidad con presuntas tácticas y estrategias que más que aclarar, enturbian y enmarañan sin fundamento alguno la principal cuestión".
"Prestigio perdido"
La asociación subraya que "carece de toda justificación y explicación que un juez se reúna con un investigado para concretar y cerrar los términos y la forma de una declaración judicial posterior, más aún, si esa declaración lo es por un hecho ajeno al objeto del proceso penal y con ella se pretende desmerecer la actuación de la anterior instructora", Victoria Rosell.
JpD lamenta que lo ocurrido "contribuye a aumentar la alarma y malestar" social por su "evidente y negativa repercusión en el mundo de la Justicia y, en concreto, en el de los integrantes de la carrera judicial". De hecho, insiste en que "el buen nombre del Poder Judicial está en entredicho y su imagen muy dañada".
"Se palpa desconfianza de los ciudadanos en nuestro quehacer diario y se cuestiona desde todos los ámbitos sociales la imparcialidad e independencia que debe presidir la labor judicial", añadió.
Para esta asociación progresista, el CGPJ "debe tomar con solvencia las riendas y actuar; debe investigar y clarificar lo sucedido y tiene el deber de ser contundente y eficaz". "Hay que recobrar cuanto antes el prestigio perdido por esta indeseada y más que lamentable situación. No se puede tolerar, si así se acredita, una actuación de tal magnitud y relevancia", concluye la nota.
