El anteproyecto de la Ley del Suelo favorece los intereses especulativos, rompe la cohesión territorial del Archipiélago y judicializa el planeamiento. Nueva Canarias (NC) advierte que la norma que impulsa el Gobierno regional compromete el desarrollo sostenible de las Islas y considera alarmante que las tesis de las patronales y de los constructores coincidan con las del presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo.
El presidente de NC y portavoz de la formación en el Parlamento canario, Román Rodríguez, critica un texto que "se ha elaborado por un grupo de juristas en un despacho" sin una visión multidisciplinar y sin fomentar la participación en un asunto esencial para la articulación social, económica y sostenible de Canarias. "Este Gobierno renuncia al proyecto común surgido de las leyes de Espacios Naturales, del Territorio y de las Directrices e introduce fraccionamiento, debilidad, discrecionalidad y puertas traseras en el planeamiento", afirma Rodríguez.
El expresidente del Ejecutivo regional ofreció ayer una ponencia en el marco de una ronda de conferencias para explicar el punto de vista de la formación nacionalista sobre el texto impulsado por el pacto CC-PSOE, si bien Román Rodríguez sostuvo ante los asistentes que se trata más de un proyecto del "sector conservador" de Coalición Canaria en el que el PSOE ha quedado desplazado. De hecho, recordó que, además del respaldo de los empresarios, Clavijo cuenta con el apoyo del PP.
El dirigente nacionalista sostiene que, al contrario de lo que afirma el Ejecutivo, esta norma debilita las competencias de los cabildos y concentra todas las responsabilidades del planeamiento en el ámbito de los ayuntamientos, los cuales asumen también el control ambiental de los planes generales. Este escenario abre la puerta a la "vulnerabilidad" en la gestión del territorio ya que puede favorecer los "intereses especulativos" por la discrecionalidad que se introduce en el texto.
"Puertas traseras"
Rodríguez se mostró rotundo en sus críticas a las "puertas traseras" que se incluyen en el anteproyecto por los proyectos de interés autonómico e insular y por las ordenanzas provisionales. Estos preceptos suponen introducir "elementos desreguladores y discrecionales" que terminan por abandonar el urbanismo de planeamiento por el de proyecto.
Nueva Canarias también muestra su preocupación por las "presiones" que la ley carga sobre el suelo rústico ya que "con la excusa de aumentar la renta de los agricultores se abre la puerta a permitir casi todo, lo que introduce una enorme presión especulativa". También cuestiona la flexibilización de las delimitaciones de los asentamientos rurales, facilitando su conversión en núcleos urbanos.
Román Rodríguez duda que la ley pueda conseguir simplificar la tramitación administrativa. En este sentido, recordó que los mismos partidos que sostienen al Gobierno han aprobado hasta cinco leyes en los últimos años con el argumento de simplificar y agilizar los procedimientos pero, al contrario, ninguna de ellas lo ha conseguido. "Que se anuncie la solución de todos los problemas con esta ley no significa que vaya a ser así, lo mismo dijeron con la Ley de Armonización y Simplificación de 2014 y en tan solo un año y medio la van a derogar con esta nueva ley", añadió. El portavoz de NC considera que poner la ordenación del territorio en manos de 95 centros de decisión va a armar "un lío monumental" que puede incrementar la judicialización del planeamiento, al producirse un choque entre los intereses públicos y los privados.
NC anuncia una enmienda a la totalidad cuando el proyecto de ley llegue al Parlamento, si antes no se modifican algunos de los aspectos esenciales que critica la formación nacionalista.
