Los consejeros y técnicos de ordenación del territorio de los cabildos insulares reclaman al Gobierno regional que elimine la posibilidad del uso turístico, deportivo y cultural en el suelo rústico y que, en todo caso, sea una excepción bien delimitada en la futura Ley del Suelo. En líneas generales, las corporaciones insulares muestran su preocupación por la flexibilización que se realiza de las actividades que se pueden desarrollar en este tipo de suelo, al abrir la puerta a nuevos usos en detrimento del sector primario.

Los responsables de política territorial y los técnicos insulares celebraron una reunión unos días antes del encuentro que mantuvieron los presidentes de los cabildos con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, en el que se decidió que cada corporación presentara sus alegaciones al anteproyecto de la Ley del Suelo por separado ante la falta de acuerdo político. Sin embargo, a nivel técnico sí se produjo un documento de consenso que después no se plasmó en unas alegaciones únicas de la Fecai, como sí sucedió con los ayuntamientos en la Fecam.

El acta de la reunión celebrada por la comisión de Ordenación del Territorio de los cabildos insulares el pasado 21 de abril, refleja la inquietud de las corporaciones por un texto que merma la capacidad del planeamiento insular que es competencia de los cabildos. Los técnicos consideran que se recorta el contenido, alcance y atribuciones de las corporaciones insulares, lo que pone en peligro el desarrollo sostenible y el equilibrio territorial a nivel insular: modelo turístico, asentamientos de población y actividades de carácter socioeconómico con incidencia territorial.

Otra cuestión que preocupa es el sometimiento de la conservación de los recursos naturales a las oscilaciones del desarrollo económico. El acta de la reunión refleja la contradicción que supone la teórica defensa que hace el texto del desarrollo sostenible de las Islas y, en cambio, se eliminen las Directrices que garantizan el crecimiento sostenible. También echan de menos los especialistas en ordenación del territorio que el anteproyecto de ley no recoja las distintas realidades territoriales de las Islas, de tal manera que se homogenizan los modelos de asentamiento residencial o las limitaciones que supone la aplicación de la compensación por conservar. Esta preocupación también se extiende a la modificación que se realiza de la estructura competencial, es decir, las atribuciones que concede la ley en ordenación del territorio a las tres administraciones canarias. En este sentido, se advierte sobre el incumplimiento de la ley 8/2015 de cabildos.

Uno de los asuntos que también inquieta a los cabildos es la dificultad que pueden tener para evaluar la capacidad de carga de nuevas camas turísticas en cada isla porque la nueva norma establece que los suelos turísticos no están sujetos a plazos de caducidad, lo que sí sucede con el resto de suelos urbanizables.

Los cabildos valoran la decisión de elaborar un nuevo marco legislativo dirigido a simplificar y racionalizar el actual panorama legislativo, que resulta complejo, farragoso y contradictorio. Para los técnicos es una magnífica oportunidad para abrir un debate sobre el territorio, aunque sí consideran que el proceso llevada hasta el momento ha sido apresurado y escaso.