Rosell renuncia a ser candidata para defenderse de la querella de Soria

La exdiputada de la formación morada da un paso atrás al constatar que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no se ha pronunciado sobre dicha querella y mañana expira el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas ante la Junta Electoral Central. Podemos apuró por si el TSJC archivaba a tiempo el litigio, pero no ha sido así y Rosell no podrá participar en la pugna electoral. Además, Podemos ya había dejado claro que no iba a tocar su código ético con la magistrada para permitir que volviera a ser número uno en su lista a la Cámara Baja, pese a considerar que la juez sufre "una cacería política".

El TSJC recibió el jueves del Tribunal Supremo (TS) las diligencias abiertas contra Rosell a raíz de la querella de Soria, admitida a trámite el 25 de abril por el TS por presuntos delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho en la tramitación de una causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por un supuesto fraude fiscal millonario.

El Supremo nombró instructor al magistrado Juan Ramón Berdugo, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el ala conservadora de la judicatura, a diferencia de Rosell, quien antes de dar el salto a la política fue portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) en Canarias desde 2002 y desde 2012 portavoz adjunta nacional de esta asociación.

Sin embargo, Rosell renunció a su condición de aforada como diputada y el Alto Tribunal remitió, por ende, la causa al TSJC. Además, ella había solicitado dicha inhibición para ejercer su derecho de defensa y actuar de forma inmediata en el proceso penal abierto. El procedimiento está en manos del TSJC, que sigue su cauce ordinario.

Rosell fue uno de los grandes fichajes de Podemos en las elecciones del 20 de diciembre e incluso el secretario general, Pablo Iglesias, anunció en noviembre que sería nombrada ministra de Justicia si lograba formar Gobierno.

Rosell acumula 18 años de carrera judicial, ejercida íntegramente en Canarias, y se ha destacado por luchar contra la corrupción y a favor de los derechos de las mujeres y los colectivos más desfavorecidos, en especial los inmigrantes. La reforma del Código Penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, han centrado también sus críticas

Ayer, el propio Iglesias aplaudió la "coherencia" de la jueza por haber rehusado ir en las listas, pero le ha prometido que no parará hasta que pueda regresar al partido.

"Ha sido un honor. Bravo por tu coherencia. No pararemos hasta que puedas regresar con nosotros", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter. No en vano, él apostó desde el primer momento por Rosell y siempre le ha trasladado su apoyo. LA PROVINCIA / DLP adelantó el 11 de octubre que el máximo dirigente de Podemos propuso a la juez liderar la candidatura de esta fuerza política al Congreso, con la idea de relanzar el partido en las Islas de cara a las elecciones del 20D.

Días más tarde, en concreto el 23 de octubre, Iglesias confirmó la incorporación de Rosell para encabezar la plancha electoral. Su designación fue cuestionada por el sector crítico de Podemos en las Islas, ya que su nombre no fue aprobado en primarias. En cambio, la dirección alegó que se había aprobado reservar puestos de salida para personas independientes, sin vinculación orgánica con la formación y socialmente relevantes.

Tras la marcha de Rosell, Podemos perfila sus candidaturas. Baraja que corra la lista y, por tanto, se coloque en primera posición al Congreso por Las Palmas la exdiputada y secretaria general de la organización en Canarias, Meri Pita, aunque no está cerrado. La decisión del partido se conocerá este lunes, cuando se informe oficialmente a la Junta Electoral.

Desde que Iglesias ratificó su nombre, Rosell ha defendido el proyecto de Podemos durante 210 días y mantiene intacto su compromiso con esta formación, según una carta que remitió el viernes a su grupo parlamentario para comunicar su decisión. En su misiva, la magistrada traslada que espera ser llamada a declarar como investigada -término que sustituye a la palabra imputada tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- "en cualquier momento". "De hecho, he pedido, si no archivan la causa, prestar declaración voluntariamente, cuanto antes", asegura en la carta, publicó ayer El País.

Inocencia

En su escrito, Rosell atribuye su renuncia a "una cuestión de principios" y agradece a sus compañeros el respaldo que ha recibido en unas circunstancias "difíciles y dolorosas".

Adopta la decisión en cumplimiento del propio código ético de Podemos que, aunque, según el partido, "no se elaboró pensando en trampas políticas" como ésta [en referencia a la querella de Soria], se cumple, desde luego, sin excepciones, según lo ha entendido también Rosell". En su lugar, defenderá "su inocencia y honorabilidad en los tribunales", apuntó Podemos en un comunicado.

La organización en Canarias respeta aunque lamenta la decisión, "fruto de la cacería política de la que Rosell ha sido víctima desde el mismo momento en que anunció su incorporación a este proyecto político". Añade que la magistrada "demostrará en los tribunales que ha sido víctima de una maquinaria del fango que no dudó en socavar el Estado de Derecho con fines partidistas, como se comprobó con las grabaciones del juez Salvador Alba en las que se pactó una declaración amañada con un empresario para implicar a Rosell, provocando una fractura sin precedentes en la confianza de la ciudadanía canaria en la Justicia", agrega el partido.

Insiste en que la exparlamentaria es "un ejemplo de ética al renunciar a la Diputación Permanente para perder su aforamiento de diputada, y ahora, al renunciar a ir en las listas para no dañar al proyecto, vuelve a dar una lección de compromiso con la justicia y el Estado de Derecho".

Podemos remarca que en su momento abogó por fichar a esta magistrada que "tiene a sus espaldas una carrera intachable ligada a la defensa de los derechos humanos y de los colectivos más débiles". "Ahora da un paso a un lado, pero no se retira de la carrera por el cambio en este país, que desde luego pasa por la presencia de profesionales como Rosell en la judicatura", concluye.

Una vez que se haga efectivo su retorno a la carrera judicial, Rosell se reincorporará a su puesto en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, por lo que supondrá la salida de Carla Vallejo, que quedará adscrita al TSJC.

Durante su breve etapa en la primera línea política Rosell se ha visto envuelta en un embrollo judicial.

Cruce de querellas y denuncias, recelos, enemistades personales, choque de ideologías, traiciones, conspiraciones y hasta una grabación clandestina. Todos los alicientes de una guerra judicial sin tregua. Al menos seis son los principales protagonistas de esta historia que por ahora parece interminable y que deja en entredicho la imagen de la Justicia y daña el prestigio de los jueces. El TSJC afronta la complicada tesitura de esclarecer la trama y resolver el futuro de dos de los magistrados más conocidos de las Islas: Rosell y Salvador Alba, que están al borde de ser imputados.

La Sala de lo Penal del TSJC se encuentra ante un reto sin precedentes. Debe investigar y clarificar la actuación de los dos togados en el ejercicio de su cargo y depurar las responsabilidades penales que pudieran, en su caso, derivarse.

El órgano judicial debe desenredar la madeja que tiene su origen en febrero de 2014, cuando la Fiscalía interpuso una querella contra el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por haber camuflado presuntamente como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de Seguridad Integral Canaria durante los años 2008 y 2009.

La querella, presentada por la responsable de la Fiscalía de Delitos Económicos del TSJC, Evangelina Ríos, fue admitida a trámite por Rosell, que abrió una causa contra Ramírez por presuntos delitos contra la Seguridad Social y Hacienda.

En plena precampaña electoral, a principios de diciembre, el Ministerio Público abrió diligencias para aclarar si Rosell investigó a Ramírez mientras el empresario mantenía relaciones comerciales con el director del periódico digital Canarias Ahora, Carlos Sosa, pareja de la juez. Rosell acusó directamente al exministro Soria de usar a la Fiscalía con fines políticos y eso motivó la querella del exdirigente del Partido Popular.

No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado la instrucción de Rosell y no ha apreciado hechos irregulares en la causa contra Ramírez. El órgano de gobierno de los jueces archivó la queja por retraso injustificado formulada por la Fiscalía, que también consideró que la juez merecía una sanción por no haberse abstenido en la investigación. El TSJC anuló en marzo las diligencias del Ministerio Fiscal contra la juez.

Por su parte, el magistrado Salvador Alba, que sustituyó a Rosell desde octubre hasta el 3 de Mayo, envió el 20 de abril al Tribunal Supremo un duro informe al que adjuntó una declaración de Miguel Ángel Ramírez en la que el empresario admitía que desde hace varios años ha financiado negocios de Carlos Sosa.

Pero el 11 de Mayo se produjo un giro inesperado. Ese día Ramírez entregó a la juez Carla Vallejo, que relevó a Alba en el juzgado, una grabación realizada por él mismo sin conocimiento del magistrado, de la que se desprende que ambos se reunieron con anterioridad a esa declaración y pactaron el interrogatorio para perjudicar la trayectoria de Rosell e intentar archivar la causa que afecta al empresario. El escándalo está servido.

El Poder Judicial investiga el audio, que ha incorporado a las diligencias incoadas tras una denuncia del 25 de abril de Rosell contra Alba, quien, a su vez, ha negado haber ofrecido favores procesales a Ramírez y sostiene que había informado al CGPJ de la reunión con el presidente de la UD Las Palmas.

La juez Carla Vallejo ha enviado al TSJC una exposición razonada en la que atribuye a Alba delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y prevaricación al reunirse con Ramírez.

El TSJC tiene la ardua papeleta de desatar el entramado judicial y dirimir posibles responsabilidades penales de las actuaciones de Rosell y Alba. Sus carreras están en juego.