El transporte ha sido un sector tradicionalmente poco unido en Canarias. ¿Qué política se está aplicando para revertir esta situación?
En Canarias han tenido mucho más poder los operadores que los reguladores y la intención del actual equipo que dirige la Consejería es cambiar este binomio y que sean los reguladores los que podamos tener sobre los operadores toda la capacidad de decisión: número de aviones que deben viajar, condiciones económicas, número de guaguas a circular por los carriles habilitados, etcétera. Hasta ahora las empresas de los diferentes modos de transportes han tenido más capacidad de decisión, pero ahora tenemos la firme convicción de que hay que cambiar las tornas para disponer de información y la capacidad de acción suficiente para determinar qué política hay que aplicar en Canarias. Estamos en la fase previa de elaboración de una estrategia de transportes para el Archipiélago. Queremos poner a todo el mundo a trabajar en una actividad que también está sufriendo unas transformaciones muy relevantes. Nuestro interés es que se trabaje y se legisle para favorecer a los dos millones de canarios y los doce millones de turistas que nos visitan todos los años.
¿Que opinión tiene el actual equipo de la Consejería sobre el tren como modalidad alternativa para favorecer la movilidad urbana e insular?
En materia de transporte ferroviario ahí están los estudios que se han realizado como un elemento a valorar muy seriamente. Desde la Consejería lo que mantenemos es que la solución no puede esperar tanto tiempo, si esa es la solución, no nos podemos permitir el lujo de aguardar ni se sabe cuántos años. Si resulta que no tenemos dinero para finalizar la carretera de La Aldea o el Anillo Insular, las inversiones de una infraestructua ferroviaria son de una naturaleza que hoy por hoy no suponen una solución inmediata. Sin desechar esta opción, apostamos por solucionar los problemas que son reales sin esperar 10 o 15 años para resolverse, porque van a ir a peor. Es el caso de las congestiones de tráfico en las entradas a las ciudades o las zonas turísticas, que empeorarán si no buscamos soluciones. El tren está bien a largo plazo, pero creemos que los problemas del día a día de los ciudadanos no pueden esperar tanto tiempo.
¿Cómo se compaginan los intereses privados de los concesionarios y vendedores de automóviles con las pretensiones de la Administración de potenciar el transporte público y favorecer la movilidad en detrimento del vehículo particular?
No son contradictorios. El peor enemigo de los empresarios no es que dejen de vender vehículos porque nosotros hagamos políticas en favor del transporte público, el principal problema para ellos es que los coches particulares no puedan circular o les sea imposible ir de un lado a otro por los atascos y la congestión de tráfico en las carreteras. El otro gran peligro es el envejecimiento del parque automovilístico, que sí es una realidad y se trata de una cuestión muy grave. Si se pudiera mejorar la economía canaria y no hubiese tanto paro la renovación del parque de coches, ya sería de por sí un importante beneficio para los importadores. Nuestra política no es contradictoria con los intereses legítimos de los empresarios. Lo que también es evidente es que las infraestructuras no pueden crecer ilimitadamente tanto por la escasez de inversión pública como porque el territorio es escaso.
¿Pero no cree que seguimos sin estar mentalizados para usar menos el coche privado y más el transporte público?
Lo que es un desatino y un lujo que no nos podemos permitir es que, por ejemplo, a las universidades vaya un coche por cada usuario. No nos podemos permitir colectivamente que esta situación continúe así y la mejor fórmula para ayudar a mejorar esta situación de forma decisiva y mejorar los niveles de contaminación es traspasar usuarios del vehículo privado a las guaguas de transporte público que, dicho sea de paso, la renovación del parque de guaguas de transporte público y discrecional deja mucho que desear a día de hoy. Nuestros cálculos son que de las más de 4.000 guaguas que circulan en las carreteras canarias ni siquiera el 10% del parque se renueva anualmente, cuando debería ser la cantidad mínima, según nuestras previsiones.
