Cuando Carla Vallejo envíe la exposición razonada al Tribunal Superior de Canarias por la reunión entre Alba y Ramírez, la Sala de lo Penal deberá analizar si abre diligencias al magistrado por un delito de negociaciones prohibidas, lo cual es casi seguro que ocurre porque cuenta con el apoyo de la Fiscalía de Las Palmas, que ha consensuado su dictamen con la Fiscalía de Canarias y con la Fiscalía General del Estado. A eso habrá que añadirle las conclusiones de Vallejo.
