Ineludible, definitiva y urgente. Así considera un grupo de profesores de Derecho Constitucional de las dos universidades canarias la reforma del sistema electoral canario para adecuarlo a los estándares de representatividad y calidad democrática que debe exigirse a una democracia consolidada y madura. No valen ya excusas ni subterfugios políticos para evitar la modificación de una ley electoral que muchos consideran la más antidemocrática de Europa por la gran cantidad de sufragios que deja sin representación en el Parlamento regional y por la desproporción en el reparto territorial de escaños. "No procede postergar o dilatar más la imperiosa necesidad de dotarnos de unas reglas electorales más acordes con las exigencias de proporcionalidad y pulcritud democráticas", señalan los académicos.
Estas son las premisas de las que parten los ocho profesores de Derecho Constitucional de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC) y de La Laguna (ULL) firmantes de un manifiesto a favor de la reforma electoral canaria en el que apuntan varias propuestas a considerar por la comisión creada recientemente en el seno del Parlamento de Canarias. A la institución parlamentaria reclaman "no demorar más la revisión" de la norma con el fin de dotar al sistema político isleño de una regulación "que compagine la adecuada representación de la globalidad de la ciudadanía canaria, con la singularidad insular y la necesidad de un espectro parlamentario que proporcione una estabilidad gubernamental".
Los constitucionalidas señalan que la actual regulación fue fruto de un pacto político "que pudo tener justificación en los comienzos de la Autonomía" y que fue "plasmado en una norma que debía ser temporal y meramente transitoria", pero que tras 35 años en vigor "ha quedado obsoleta y alejada de los estándares democráticos" exigibles. Compaginan en su propuesta varias de las opciones que los distintos actores políticos canarios vienen reclamando desde distintas ópticas para garantizar una mejor representación de lo que votan los ciudadanos, pero manteniendo al mismo tiempo la necesidad de un peso específico de los territorios. Así, junto a la reducción de las barreras electorales, también piden compaginar el mantenimiento de la llamada triple paridad, con la creación de una circunscripción regional.
Barreras
El manifiesto señala que "debe abordarse la reforma del actual sistema de las barreras electorales en Canarias, minorándolas notablemente, y adecuando su aplicación a las circunscripciones que se puedan usar en el futuro". El actual sistema contempla en este sentido dos barreras electorales, del 30 % insular y del 6 % regional, de forma que partidos insularistas con fuerte presencia en una sola isla logran mucha mayor representación que partidos con mucho mayor apoyo regional pero muy repartido. En el caso de las últimas elecciones autonómicas, la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo logró tres escaños con sólo 6.089 votos y el 0,56 % de apoyo electoral regional (42,83 % en La Gomera), mientras que la candidatura de Ciudadanos se quedó sin representación parlamentaria al quedar a unas décimas del porcentaje regional (5,93 % de apoyo electoral) con sus cerca de 54.000 sufragios en todo el Archipiélago.
Los académicos constitucionalistas señalan igualmente la necesidad de ajustar la "enorme desigualdad existente entre el valor del voto entre unos canarios y otros" como consecuencia de la desporporcionalidad en el reparto de escaños respecto a la población de cada isla. Aseguran que si bien es "imposible" una proporcionalidad matemática, y que "se debe modular el reparto poblacional de escaños con el hecho insular" canario, lo cierto es que "los niveles de desproporcionaloidad y desigualdad del sistema electoral actual son intolerables y deben corregirse".
Circunscripción regional
El manifiesto reclama un ajuste en el reparto de escaños en relación con la población de los territorios, pero aclarando que éste "debe evitar que las islas con un censo electoral menor elijan más diputados que otras con un mayor cuerpo electoral", y proponen la superación de la paridad entre islas capitalinas y periféricas. En el actual sistema de triple paridad implica una división de escaños que siempre dará cocientes iguales entre islas capitalinas y no capitalinas, entre provincias, y entre Gran Canaria y Tenerife. Los profesores de Derecho Constitucional isleños dicen que "debería estudiarse la posibilidad de pasar a un sistema que compagine la triple paridad con una circunscripción regional adicional (sin especificar número de escaños), o bien a un sistema de reparto de escaños entre circunscripciones insulares que se ajuste periódicamente a la población y que parta de una representación inicial mínima".
Z Diputado nato
En todo caso, proponen que estas medidas deben ir acompañadas de otras complementarias que modulen los efectos que se puedan producir en las islas periféricas y para ello sería aconsejable prever la participación de la Comisión de Cabildos en la elaboración de la ley que reforme el sistema, o estudiar la posibilidad de que los presidentes de las corporaciones insulares sean designados "diputados natos" del Parlamento. También se sugieren medidas adicionales como establecer un modelo de escrutinio y distribución de escaños entre candidaturas distinto al D´Hondt, o que las listas electorales sean desbloqueadas o abiertas.
El manifiesto, puesto en circulación unas semanas después de creada la comisión parlamentaria que estudiará la reforma y que preside el nacionalista de CC Antonio Castro, está firmada por seis profesores de Derecho Constitucional de La Laguna, Juan Hernández Bravo de Laguna, Antonio Domínguez, Vicente Navarro, Gerardo Sánchez, Manuel Ángel Cabrera y Fernando Ríos; y por dos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Rodríguez y Víctor Cuesta.
