La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha comenzado la instrucción de las diligencias abiertas contra la juez Victoria Rosell y el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, que sustituyó a la exdiputada de Podemos entre octubre y el 3 de mayo al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
La Sala confirmó ayer el nombramiento de la magistrada Margarita Varona Faus, que se encargará de esclarecer ambas causas que, en parte, confluyen.
El órgano judicial asume la instrucción de la querella interpuesta por el exministro de Industria, Energía y Turismo y expresidente del PP en las Islas, José Manuel Soria, contra Victoria Rosell por presuntos delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho.
Soria denunció a Rosell por demorar, a su entender, la investigación que ella abrió en 2014 al empresario Miguel Ángel Ramírez para favorecer supuestamente los negocios de su pareja, el director del periódico digital Canarias Ahora Carlos Sosa.
El exlíder del PP sustentó su querella en un informe que aportó el juez Alba al Tribunal Supremo y que Rosell considera falso porque está ligado al supuesto "amaño" de una declaración de Ramírez.
Tras casi siete meses de excedencia al dedicarse a la actividad política, Rosell regresó el martes a su juzgado una vez que decidió el sábado renunciar a encabezar nuevamente la lista de Podemos al Congreso por Las Palmas para las elecciones generales del 26 de Junio.
De forma simultánea, Varona afronta la causa abierta a Alba, a quien el dueño del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, grabó de forma extraoficial. Durante la conversación, Alba supuestamente orientó al empresario sobre el contenido de un interrogatorio posterior para perjudicar la carrera política de la exparlamentaria a cambio de intentar archivar la causa abierta por ella contra Ramírez por un presunto delito de fraude fiscal millonario.
Negociaciones prohibidas
El presidente de la UD Las Palmas entregó dicha grabación a la juez Carla Vallejo, que relevó a Alba en el juzgado, y ella envió el 19 de mayo una exposición razonada al TSJC en la que achaca a su antecesor en el puesto un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, además de coincidir con la Fiscalía en posible prevaricación en la actuación de Alba.
La Sala de lo Penal debe aclarar la actuación de los dos magistrados en el ejercicio de su cargo y depurar las responsabilidades que pudieran, en su caso, deducirse.
En un embrollo judicial similar se vio envuelto el expresidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín. El TSJC abrió a principios de 2006 una investigación al magistrado por asesorar jurídicamente a un conocido narcotraficante al que juzgó y absolvió. Martín fue condenado en abril de 2009 a un año y seis meses de suspensión y multa de 7.200 euros por actividades prohibidas a funcionarios. Sin embargo, en enero de 2010 el Supremo revocó la condena y le absolvió. En marzo de ese año volvió a ocupar su cargo y tras los procesos penales y disciplinarios que sufrió se jubiló dos meses después.
