La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, anunció ayer en comisión parlamentaria, que "ningún perceptor de una pensión no contributiva pagará por una plaza en un centro ocupacional o centro de día para personas con discapacidad".
Hernández destacó que se va a fijar el principio de equidad en la participación económica de los usuarios "porque es de justicia, ya que el precio fijado en los convenios con los cabildos no se adecúa al precio real del servicio, por lo que los usuarios pagaban la diferencia".
La Consejería de Políticas Sociales elabora un estudio sobre los costes reales de los servicios públicos para personas dependientes o con discapacidad. El objetivo es cumplir con el decreto que establece, entre otras cuestiones, los criterios sobre las condiciones económicas que han de cumplir los usuarios; poder presupuestar adecuadamente los recursos necesarios para la atención a la dependencia y fijar los criterios de equidad en los pagos de los ciudadanos.
En paralelo se trabaja en una herramienta informática que permita hacer un cálculo ágil de la capacidad económica de los usuarios y de forma complementaria se trabaja con la Dirección General de Telecomunicaciones para que la consejería tenga acceso a las bases de datos de otras administraciones y que son necesarios para calcular la capacidad económica.
