El expresidente de Canarias, Paulino Rivero, se ha unido a la plataforma 'Por un desarrollo sostenible', que nace bajo el lema "Canarias no es un solar" para luchar contra el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo elaborado por el Gobierno, presidido por Fernando Clavijo, su compañero de partido en Coalición Canaria y sucesor en el cargo. El gesto de Rivero, su primer movimiento político desde que abandonó la primera línea en julio de 2015, ha caído como un jarro de agua fría en la formación nacionalista, que ve "sorprendente" su paso al frente y más cuando entienden que Rivero suscribe un manifiesto que critica directamente la gestión del Gobierno que él mismo dirigió.
Rivero, que renunció a la presidencia de CC en marzo del pasado año, expresa su preocupación por los efectos que puede tener la aplicación de la nueva norma sobre el territorio, y que desde su punto de vista supone una censura a la política urbanística y medioambiental desarrollada en sus ocho años al frente del Ejecutivo.
Es el segundo expresidente que se adhiere al manifiesto, junto con el también presidente de Nueva Canarias (NC) y diputado, Román Rodríguez, que desde el primer momento ha mostrado su oposición el anteproyecto de ley. Curiosamente ambos aprobaron durante sus mandatos leyes de moratoria turística. Los dos se han sumado a la declaración suscrita por sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y culturales, profesionales de varios sectores, cargos públicos y los partidos NC, Podemos, Izquierda Unida, Equo y Sí se Puede, entre otros.
Más de un centenar de entidades y personas, en su mayoría de izquierdas, secundan esta iniciativa, con el objetivo de "informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de este anteproyecto para la sostenibilidad del territorio".
Una treintena de personas presentaron ayer el manifiesto contra el texto legislativo y lanzaron un llamamiento a la sociedad para que se sume a la petición de retirada del anteproyecto y exigir la apertura de un proceso de "auténtica" participación ciudadana, que defina "el marco legal adecuado para lograr un modelo territorial más duradero, cohesionado y sostenible".
Con su rúbrica Rivero revela una brecha en CC, donde "hay otros dirigentes que han mostrado interés por el manifiesto" aunque eluden su apoyo públicamente, según fuentes de la plataforma.
Sin embargo, ayer el secretario general de CC y viceconsejero de Presidencia en el Gobierno, José Miguel Barragán, consideró "llamativo y sorprendente" que Rivero haya firmado un documento que "ya en su tercer párrafo critica directamente al Gobierno anterior y lo culpa de comprometer el modelo de protección del territorio en Canarias por haber aprobado la Ley de Medidas Urgentes". "Es raro firmar un manifiesto que critica la propia gestión de un modo tan despiadado", subrayó.
Frente a las críticas de la plataforma, Barragán defendió que la futura Ley del Suelo "es coherente con la visión de un Gobierno reformista". "Es el resultado de un diagnóstico compartido por los agentes sociales y económicos de Canarias: el procedimiento actual en decisiones en materia de ordenación del territorio es muy deficiente", insistió Barragán. El Gobierno reivindica su "capacidad para acometer aquellos compromisos que figuran en su programa, entre ellos la Ley del Suelo como eje prioritario". Recordó que CC se presentó a las elecciones "con la promesa de hacer las cosas de un modo diferente, en defensa del interés general".
"Con las recetas fallidas del pasado ya sabemos lo que tenemos: más desempleo, sector primario asfixiado, industria sin posibilidades y problemas para diversificar la economía", apuntó el dirigente de CC, para quien "la obligación de este Gobierno es afrontar estos problemas y hacer todo lo posible por revertir esta situación". Reiteró la necesidad de acabar con "la inseguridad jurídica" y "resolver la maraña normativa sobre la ordenación del territorio", algo que ya intentó el anterior Ejecutivo a través de dos reformas legislativas. "La diferencia es que este Gobierno lo plantea desde una perspectiva integral, no con reformas parciales", alegó.
El nacionalista argumentó que el anteproyecto ha estado "abierto al diálogo con los agentes sociales desde sus primeros pasos y en modo alguno cuestiona los principios irrenunciables sobre la conservación del territorio en las Islas".
"Todo lo contrario, garantiza y refuerza la preservación de los suelos con valor ambiental, al introducir nuevas herramientas para su conservación. Además, protege el suelo rústico y ampara al sector primario", apunta Barragán, que ve "normal" las voces que sugieren modificaciones en la ley y cuyas propuestas se están estudiando.
Una visión radicalmente distinta tiene la plataforma creada. El director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez, ve "inaceptable la urgencia y la ausencia de debate". A su juicio, este texto plantea una "alteración drástica del modelo territorial y recupera ideas viejas, caducas y fracasadas en torno a una economía basada en el cemento". "Se concibe el territorio como una mercancía, no como un bien común y escaso, e impulsa negocios especulativos", agregó, al tiempo que alertó del "indudable impacto sobre los paisajes" y que se permitirá "discrecionalidad" en proyectos de ocio y turísticos en suelo rústico.
Para Gómez, el anteproyecto tiene "una posición política muy ideológica", se basa en una "concepción neoliberal" y será fuente de "conflictos jurídicos", además de que "no favorecerá el empleo de calidad y duradero". El portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, destacó el carácter "integrador y multidisciplinar de la plataforma". En relación al anteproyecto criticó que fomenta una "intervención masiva en suelo rústico y agrario" y un modelo que convierte a Canarias en "un gran casino". "Es una ley con efectos catastróficos y sin consenso social", y denunció Reyes, quien anunció que "en dos o tres meses se organizará algún tipo de movilización ciudadana".
El secretario insular de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez, cuestionó la celeridad del Gobierno y le invitó a dejar a un lado la "propaganda" y abrir un proceso "real" de diálogo.
La plataforma ha iniciado la recogida de firmas contra la ley y prevé actividades el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente.
