El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, repasó ayer en comisión parlamentaria su primer informe sobre la aplicación de la ley de transparencia en el Archipiélago. A pesar de la aún corta vida de la ley y del propio comisionado, Cerdán no tuvo reparos en poner de manifiesto la necesidad de modificar la norma. Hay agujeros en la ley, dice, que van desde cierta laxitud en la obligación de publicitar los contratos menores hasta la extrema dificultad de poner en práctica un régimen sancionador aún por desarrollar.
La ley presenta grietas que, en opinión del comisionado, justificarían su modificación o su pronto desarrollo reglamentario. Cerdán hizo hincapié en que los plazos para que las corporaciones locales o el Gobierno de Canarias publiquen la información requerida por los ciudadanos no están definidos, como tampoco los "requisitos de calidad" de esa información.
