El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar anunció ayer que firmará el manifiesto bajo el lema "Canarias no es un solar" en contra del anteproyecto de la Ley del Suelo, que elabora el Gobierno autonómico. Es el primer cargo público del Partido Socialista que reconoce su oposición a la norma, que el Ejecutivo quiere llevar al Parlamento en julio. "Es un hecho histórico, indiscutible, que el urbanismo desenfrenado ha sido el hervidero de la peor corrupción que hemos padecido en los últimos 20 años y que tanta desafección, hastío y náusea ha suscitado entre la ciudadanía y contra las instituciones y los políticos", alega el exministro de Justicia.
El excandidato socialista a la Presidencia de Canarias se uniría, así, a la plataforma Por un desarrollo sostenible, que cuenta también con el apoyo de los expresidentes Paulino Rivero, de CC, y Román Rodríguez, de Nueva Canarias. El colectivo está compuesto por sindicatos, organizaciones sociales, ecologistas, partidos políticos, profesionales y personalidades de la sociedad que reivindican un proceso de participación "real" en la elaboración de esta normativa y dejar atrás el "fallido" sistema de una economía "basada en el cemento", en favor de un modelo territorial "más duradero y sostenible".
Tal como está planteada actualmente, la ley implantará un procedimiento "monofásico" de aprobación, de forma que el Gobierno se vacía de competencias sobre la ordenación del territorio y no será la Cotmac la que aprobará de forma definitiva el planeamiento que elaboren y aprueben otras instituciones, sino que la última palabra sobre los planes generales la tendrán los propios ayuntamientos, que ganan poder sobre la gestión del suelo.
López Aguilar asegura que el manifiesto no pretende "llamar la atención a nadie en particular", sino "marcar un mensaje de cara a un procedimiento legislativo que tiene que conseguir un equilibrio razonable entre el perfeccionamiento de la legislación vigente y la preservación del medio ambiente y la lucha contra la especulación urbanística y la corrupción".
En este sentido, ha dado un paso al frente y suscrito el manifiesto "por coherencia" ante lo que "está en juego". López Aguilar está de acuerdo en la necesidad de "mejorar y perfeccionar la legislación vigente eliminando antinomias, las contradicciones entre las distintas normas del mismo rango, y producir, por tanto, la mayor seguridad jurídica posible", pero rechaza "prescindir de los controles de legalidad y disfrazar el zafarrancho, el desprecio a la ley o encubrir bajo seguridad jurídica lo que en realidad es un rebato de todo urbanizable, en que cada uno de los 88 municipios canarios puedan excepcionar a voluntad el cumplimiento de la ley alegando interés general o con el señuelo de que incumplir la ley producirá crecimiento y empleo". A este respecto, el dirigente socialista insistió en que "el crecimiento ligado a la depredación del territorio y a la especulación urbanística no crea puestos de trabajo".
El eurodiputado lamenta que "ya hemos visto que el urbanismo desenfrenando alienta la corrupción y concejales y alcaldes enriquecerse ilícitamente en una miríada de pufos y tramas de corrupción, vinculadas a la especulación suscitada por intereses empresariales o de promotores inmobiliarios que se hacen pasar por intereses generales, diciendo que van a generar mucha prosperidad y mucho empleo para los municipios, cuando en realidad lo único que han generado es un reguero de tramas de corrupción".
Con todo, López Aguilar afirma que todavía hay tiempo y margen de maniobra para corregir el documento a fin de "impedir que, con el pretexto de eliminar las contradicciones o la hipertrofia normativa, en realidad lo que se haga es eliminar los controles de legalidad".
Fuentes de la formación interpretan este gesto como una maniobra de López Aguilar en su camino para optar a repetir como secretario general del PSOE en Canarias y presentar su candidatura en el próximo congreso regional del partido, que se convocará en verano. Si bien otras fuentes apuntan que el exministro baraja hacer tándem con la vicepresidenta y consejera de Empleo, Patricia Hernández, para dirigir el PSC.
López Aguilar ocupó la Secretaría General desde octubre de 2007 hasta marzo de 2010, cuando fue sustituido por José Miguel Pérez, a quien un sector dentro de la formación critica su práctica desaparición de la vida orgánica, especialmente desde que en julio de 2015 abandonó su puesto como vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno. A ello se unen las desavenencias entre Pérez y Patricia Hernández, que, junto con la ausencia del primero en la actividad pública de la organización, generan malestar entre los militantes y cargos ante la falta total de liderazgo. "Estamos como títeres sin cabeza", coincidieron ayer varias fuentes de la fuerza política en su protesta.
Por otra parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento, Iñaki Lavandera, estima que López Aguilar es "libre" de firmar el manifiesto. "Evidentemente tiene que haber controles de legalidad, tal vez sea necesario reforzarlos, pero no por la búsqueda de posibles trabas a la corrupción, sino por la seguridad jurídica que debe imperar en una materia tan sensible como la del suelo", aseguró Lavandera, para quien "dar la idea de que los alcaldes son una pandilla de delincuentes es un mensaje erróneo".
Precisó que el texto aún está en fase de anteproyecto y "queda mucho recorrido por delante", por lo que "se deberá modular en la tramitación parlamentaria". Al respecto, comentó que el PSOE va a adoptar "una postura constructiva, crítica en lo que haga falta para que haya un documento útil para la sociedad". Defiende que el Ejecutivo amplió los plazos de participación y exposición pública.
