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La plataforma Por un territorio sostenible reclama "cambios radicales"

El Club LA PROVINCIA acoge un debate que avisa de la "fractura territorial" que supone la ley - Padrón espera que los consejeros socialistas en el Gobierno canario modifiquen la norma

La plataforma contraria al anteproyecto de la Ley del Suelo no da nada por perdido y demanda "cambios radicales" en el texto propuesto por el Gobierno regional antes y durante su tramitación en el Parlamento. En un debate celebrado ayer en el Club LA PROVINCIA, el colectivo Muévete por el clima y el movimiento generado en torno a la norma territorial que impulsa el Ejecutivo advirtieron que, tal y como está redactado el anteproyecto, se favorecen las "tensiones especulativas" en el suelo rústico, deja en la más absoluta indefensión al sector primario, se rompe la cohesión territorial de Canarias y se desnaturaliza la evaluación ambiental del planeamiento.

El catedrático de Derecho Urbanístico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón, justifica el respaldo del expresidente Paulino Rivero a la plataforma porque la iniciativa del Ejecutivo de Clavijo es una "enmienda a la totalidad" de la política territorial del Gobierno anterior, formado por los mismos partidos, es decir, CC y PSOE. Padrón, afiliado socialista y que ha ostentado cargos públicos por su partido, hizo un llamamiento para "influir en los influyentes" y cree que debe ser el Gobierno el que, antes de enviar la norma al Parlamento, introduzca modificaciones en el texto. Por ello, confía en que "algunos consejeros y consejeras" hagan valer sus posiciones una vez que conozcan mejor el anteproyecto, en alusión a los miembros del PSOE que se sientan en el Consejo de Gobierno.

Padrón criticó que el presidente del Ejecutivo vuelva a usar el empleo y la inversión como argumentos para defender la ley. "Este texto facilita la inversión privada y se centra de nuevo en la construcción como sector creador de empleo", advirtió el arquitecto y profesor universitario. En su opinión "a los que promueven esta ley no les cabe Canarias en la cabeza" al promover una descentralización inédita a nivel nacional, lo que provoca que el Ejecutivo haga dejación de sus competencias en el gobierno del territorio en favor de los cabildos y ayuntamientos.

Una de las principales críticas de Padrón al anteproyecto de ley es la posibilidad que se les da a las corporaciones municipales e insulares para que realicen la evaluación ambiental de su planeamiento. "Es inconcebible, el informe ambiental lo tiene que hacer un órgano distinto al que promueve el plan general o insular", señaló. En este sentido, el especialista en Derecho Urbanístico llamó la atención en que este aspecto del texto contradice uno de los contenidos del pacto firmado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, que defiende dejar en manos de la Comunidad Autónoma el control ambiental del planeamiento, como sucedía hasta ahora a través de la Cotmac.

Por su parte, Faustino García Márquez, arquitecto y exdirector general de Urbanismo, realizó un análisis crítico y contundente sobre la regulación que propone el texto en materia de suelo rústico. Según la valoración de García Márquez, el anteproyecto de ley alienta una "burbuja inmobiliaria" en el suelo rústico, al permitir numerosas excepcionalidades y abrir la puerta a actividades impropias que nada tienen que ver con el uso agrícola y ganadero propio del terreno rústico.

El que fuera impulsor de la Ley de Directrices de Ordenación General, que esta ley se encarga de derogar, alertó sobre los "bombarderos" que se ciernen sobre el territorio a través de los procedimientos excepcionales que consagra la nueva norma mediante los proyectos de interés insular y autonómico, las ordenanzas provisionales y aquellos usos discrecionales sin condiciones ni dimensiones sobre los hipotéticos proyectos. "Se facilitan actuaciones impropias especulativas que terminarán por afectar al suelo productivo y, al mismo tiempo, se debilita el sistema urbano rural al permitir el crecimiento de los asentamientos rurales en vez de frenar la dispersión", añadió.

Según el arquitecto, lejos de defender al sector primario, como argumenta el Gobierno regional, el texto propuesto puede provocar el efecto contrario y que aumente el abandono de los terrenos de cultivo por actividades más rentables a corto plazo de cualquier tipo.

En relación con este aspecto, el técnico de Gestión Sostenible y miembro de la organización ecologista Ben Magec, Eugenio Reyes, realizó una defensa de la "justicia territorial", tal y como establece el artículo 47 de la Constitución en el que se pone coto a la especulación con el suelo, que debe ser un bien común de todos los ciudadanos. En opinión de Reyes, el modelo que se quiere imponer a través de esta Ley del Suelo "no está al servicio de la ciudadanía porque deja la cohesión territorial en manos de los municipios y que cada uno se pelee con el de al lado; lo de café para todos no vale en este caso".

El representante de la plataforma por un territorio sostenible hizo hincapié en el "fraude de ley" que supone que la propia institución que elabora el planeamiento sea la que le realice la evaluación ambiental del mismo y que se condene a las generaciones futuras a que se continúe destruyendo suelo agrícola en favor de la rentabilidad a corto plazo.

Reyes valoró el amplio espectro de respaldos que está obteniendo el movimiento en contra de la ley tanto de colectivos, como de sindicatos, partidos políticos y hasta 13 alcaldes y la quinta parte del Parlamento. "Es una fractura sobre el gobierno del territorio que hay que corregir", señaló.

Al debate celebrado en el Club LA PROVINCIA asistieron representantes de la plataforma de varias islas, asociaciones de vecinos, colectivos y profesionales. Entre estos últimos destacó el pronunciamiento de Bárbara Petrini, arquitecta municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que realizó un llamamiento para que se paralice este texto porque "seremos los técnicos los que tengamos que firmar las barbaridades que contiene y la responsabilidad final de lo que ocurra no será ni de los empresarios ni de los políticos, sino de los técnicos de los ayuntamientos". Asimismo, destacó la contradicción que supone tener que aplicar una ley con la que se está en contra si el Gobierno no modifica el anteproyecto..

ASÍ FUE LA RETRANSMISIÓN DEL DEBATE DESDE PERISCOPE:

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