El juez Salvador Alba ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que la grabación que ha servido de base para acusarle de fabricar pruebas contra Victoria Rosell ha sido manipulada con inserciones de conversaciones de otros momentos y contextos.

El empresario y presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, asegura, por su parte, que tiene un informe pericial en donde se afirma "con certeza" que la grabación presentada no ha sido ni manipulada ni editada con posterioridad. La grabación de la conversación, que se hizo con un dispositivo para abrir un coche, está en dos partes debido a que apagó el aparato al entrar una tercera persona en la habitación.

Representantes de Ramírez han expresado su extrañeza porque el informe pericial que ha presentado el juez Alba esté basada en las grabaciones colgadas en Youtube y recogidas en los medios de comunicación.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC decidió hace unas semanas abrir un procedimiento contra Alba por presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, para investigar si se puso de acuerdo con un imputado en una causa cuya instrucción comenzó la juez Rosell, el empresario Miguel Ángel Ramírez, para que este declarara cuestiones que podían perjudicarla.

Salvador Alba sustituyó a Rosell en su juzgado de Las Palmas de Gran Canaria durante los meses en que esta ejerció como diputada de Podemos en el Congreso y se encargó de emitir el informe sobre el estado de la causa abierta a Ramírez por delitos fiscales y contra la Seguridad Social que sirvió de base para que el Tribunal Supremo admitiera una querella del exministro José Manuel Soria.

En esa querella, cuya instrucción ahora corresponde también al TSJC, Soria acusa a Rosell de prevaricación, retardo malicioso de la instrucción y cohecho, porque considera que ralentizó la causa o no tomó determinadas decisiones influida por intereses personales: los negocios que su pareja, el periodista Carlos Sosa, mantenía con el empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario de la UD Las Palmas.

El informe que Alba elevó al Supremo contenía una declaración prestada ante él por Ramírez en la que este reconocía que había financiado durante años negocios periodísticos dirigidos por Carlos Sosa, lo que podría poner en cuestión si Rosell debió o no abstenerse de instruir ese procedimiento, por tener interés en él.

Sin embargo, en cuanto Alba abandonó el juzgado, Ramírez proporcionó a su nueva titular la grabación de una conversación que mantuvo con el juez días antes de su declaración formal, en la que supuestamente este le dice lo que tiene que manifestar para perjudicar a Victoria Rosell, a cambio, presuntamente, de favorecer una posible nulidad de su procedimiento.

En un comunicado, Salvador Alba anuncia que ha proporcionado al TSJC y al Consejo General del Poder Judicial un informe pericial suscrito por la Asociación de Peritos Judiciales de Andalucía que concluye que esa grabación "ha sido manipulada" y "no se corresponde" con la conversación en la que supuestamente se tomó.

"Se observa en las grabaciones que se han añadido palabras y frases sacadas de otro contexto y pertenecientes a diferentes espacios temporales", asegura ese informe pericial, que también aprecia "cortes intencionados" en el audio que no parecen "lógicos" y que "ponen de relieve su manipulación intencionada".

Según el criterio de estos expertos, "esas grabaciones no son auténticas, ni las genuinas grabadas en origen, son simples copias que han sido recortadas de otras grabaciones originales".

Salvador Alba recalca que, sobre una grabación cuya autenticidad no ha sido comprobada, la Justicia no puede iniciar procedimiento alguno, porque "carece de validez".

"No creo que existan diligencias previas, juicios cambiarios, juicios ordinarios, divorcios y demás procedimientos incoados en los juzgados sobre la base de copias no adveradas de documentos, salvo la pieza separada que se remite al Tribunal Superior de Justicia", señala el magistrado, en relación a la causa que le afecta.

Además, expresa su sorpresa por el hecho de que el TSJC haya admitido a trámite ese procedimiento "sin que siquiera" haya interrogado antes a quien aportó esa grabación, Miguel Ángel Ramírez, ni le haya exigido la grabación "original".

En consecuencia, solicita al TSJC y al Consejo General del Poder Judicial el archivo "inmediato de cuantas actuaciones existen en trámite en este momento" contra su persona.