Los cambios legislativos promovidos por el expresidente Paulino Rivero para afrontar las consecuencias de la moratoria turística han puesto en un aprieto Gobierno de Canarias. Los empresarios han comenzado a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ejecute las indemnizaciones por no poder realizar sus proyectos urbanísticos en Lanzarote, Tenerife y, sobre todo, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria, donde el Grupo Lopesan posee una importante bolsa de suelo en la zona de Meloneras.
Se trata de 45 recursos, la mayorías con sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo (TS), cuyas reclamaciones patrimoniales rondan los 1.000 millones, una cantidad que dobla la recaudación anual de la Comunidad Autónoma mediante su principal impuesto, el IGIC, que asciende para este ejercicio a 546 millones (la cuantía actual de los recursos es de 944 millones, pero hay ocho que están pendientes de concretar. De ahí que el total, más los intereses, supere finalmente esa cifra, según cálculos del TSJC).
Lopesan es el que más reclamaciones ha planteado, 31, todas a través de las sociedades Hijos de Francisco López Sánchez, Dehesa de Jandía, Maspalomas Golf, Maspalomas Resort y Lopesan Touristik, con un montante de 843 millones (falta por cuantificar uno de esos 31 recursos). Le siguen Técnicos y Servicios Insulares con tres recursos de 12.708.020 euros; el Grupo Satocan (10.282.200), Puerto Rico SA (7.082.408), Alidana Fuerteventura (7.158.753), Anfi Tauro (7.220.736), Centro Helioterápico de Canarias, de Teo Gerlach (38.275.356), Katanga Inversiones (indeterminado); Unimadoc (indeterminado), Urena Mountain (indeterminado), familia del Castillo (indeterminado), el Ayuntamiento de Pájara (indeterminado) y Proyectos de Alquileres Insulares con uno solo (desestimado).
Estas empresas se acogieron al artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes sobre Ordenación y Dinamización del Turismo del 2009, un precepto que permitía solicitar una indemnización a cambio de reclasificar el suelo a rústico de protección territorial durante cinco años, siempre y cuando las parcelas sean de uso turístico y estén afectadas por la moratoria.
Esta fórmula la introdujo el Gobierno del expresidente Rivero para afrontar las reclamaciones de las compañías perjudicadas por la Ley de Directrices de 2003, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con Javier Varona como ponente en las principales sentencias, concedió parcialmente la razón a los demandantes, con el argumento de que la administración no respondió a la petición indemnizatoria y ese silencio administrativo tiene un efecto positivo, es decir, equivale a la aceptación de la solicitud realizada.
Esa postura, con el voto particular del magistrado vinculado a Canarias José Suay Rincón, es la que ha ratificado el Supremo en sus sentencias, que son firmes y condenan al Ejecutivo regional a tramitar los expedientes administrativos para resolver los procedimientos de reclasificación del suelo y de fijación de las compensaciones planteadas.
La mayoría de los demandantes, tras pasar los dos meses de ejecución voluntaria sin que la administración mueva ficha, han solicitado la ejecución forzosa de las sentencias y la Sala de lo Contencioso del TSJC ha abierto las correspondientes piezas separadas para cumplirlas. El siguiente paso, por tanto, es exigir a Política Territorial que convierta en rústicos los terrenos y compense a los dueños. Si no hay acuerdo entre las partes, lo lógico es que los servicios jurídicos autonómicos contradigan los informes periciales de las empresas con valoraciones a la baja de las cantidades a pagar.
Una parte de la Ley de Medidas Urgentes, incluido el polémico artículo 17.1, está derogada, aunque el Gobierno de Fernando Clavijo trabaja en una ley del suelo con la que quiere eliminar la moratoria. El presidente y su equipo aún no han aclarado cómo van a afrontar las reclamaciones de los empresarios. Hasta el momento se han lanzado mensajes contradictorios: desde negociar con los afectados para restituirles los derechos de sus proyectos hoteleros, hasta rechazar que las resoluciones del Supremo consoliden derechos indemnizatorios, sin olvidar los amagos de introducir una enmienda a los actuales presupuestos para hacer frente a las indemnizaciones o crear una ley específica para gestionarlas, dos iniciativas que fueron impulsadas por Coalición Canaria y luego quedaron aparcadas.
La prueba de fuego vendrá, por tanto, cuando la Sala de lo Contencioso del TSJC empiece a notificar los autos de ejecución de las sentencias, pues los argumentos del tribunal son claros, con duras críticas al Ejecutivo de Rivero y del entonces consejero de Política Territorial, Domingo Berriel. "Hay que comenzar por mostrar una clara perplejidad, sino por la finalidad, sí por el método elegido en la norma para racionalizar y moderar el uso del suelo con destino turístico", sostiene Varona en una de las sentencias dictadas para desentrañar el galimatías de la moratoria.
El magistrado considera "extravagante" que una parcela de suelo urbano se declare rústica de protección territorial, sin concretar su dimensión y cuando está situada en un entorno consolidado por la edificación, con aceras, pavimento, acceso rodado, alumbrado y demás equipamientos, tal como ocurre en Meloneras, que concentra la mayoría de los terrenos junto a Pasito Blanco y la costa de Taurito. La reclasificación, además, sería necesariamente temporal porque el entorno obliga a volver a clasificar el suelo como urbano a los cinco años, con el cambio de planeamiento, y "ello previo pago al propietario de una indemnización".
