Canarias está inmersa, una vez más, en su debate sobre la gestión del territorio. El borrador de la Ley del Suelo ha reabierto la batalla entre quienes priorizan la necesidad de desbloquear las inversiones para dinamizar la economía, y en consecuencia el empleo, y quiénes entienden que la prioridad sigue siendo la protección del territorio frente a la liberalización de la actividad económica. Otras comunidades autónomas como Baleares, Galicia y el País Vasco han modificado también sus legislaciones en esta materia en el espíritu del anteproyecto de ley promovido por Fernando Clavijo. Como el presidente del Gobierno de Canarias, los ejecutivos balear, gallego y vasco han apostado igualmente por una legislación imbuida, en mayor o menor medida, de los principios que inspiran la Ley del Suelo canaria.
La vuelta de tuerca que se pretende dar a la ordenación del territorio no se está produciendo, por tanto, únicamente en Canarias. Las citadas autonomías también han apostado por un procedimiento "monofásico" para agilizar el planeamiento. Así como dotar a los ayuntamientos de un poder de gestión del suelo superior al que tenían hasta entonces, condicionándolo a que no se clasifique más suelo. Bien es verdad que, en la mayoría de los casos, dicha potestad municipal se limita a algunos instrumentos urbanísticos y solo para los ayuntamientos más importantes. En el caso de Canarias, sin embargo, se extiende a la totalidad de municipios, según explica el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Jesús Romero asegura que, pese a ello, "el Gobierno no deja en absoluto de tutelar a los ayuntamientos, sino que lo hace del mismo modo que Costas o Aviación Civil en sus correspondientes materias competenciales". En este sentido, asegura que la futura Ley del Suelo "mantiene el sistema jerárquico clásico sobre el planeamiento", pero tratando de evitar interferencias entre las distintas administraciones. Y advierte coloquialmente que "el que se salga del tiesto, se va a quedar sin maceta".
El recurso más preciado
Pero en Baleares, que fue la pionera en abrir este modelo territorial, el actual Govern ha reabierto el debate sobre la base de la mayor vulnerabilidad del archipiélago. Junto al agua, el suelo es el recurso más preciado en los territorios insulares. Sobre él ha pilotado la economía de las Islas desde que se sustituyeron los monocultivos por la actividad turística. De ahí que nada más conocerse el contenido de la futura Ley del Suelo, en Canarias ha emergido el frentismo que lleva década confrontando a quienes se sitúan en los extremos de las tesis desarrollistas y proteccionistas.
El poder de los técnicos
Una anécdota relacionada con la capacidad de los ayuntamientos para gestionar su suelo circula en las altas esferas municipales. En un reunión de técnicos del planeamiento, uno de ellos soltó: "El mejor alcalde es el alcalde muerto". El exabrupto refleja el nivel de tensión al que ha llegado el pulso que algunos profesionales en urbanismo mantienen en Canarias con los responsables políticos de las administraciones en las que trabajan. Y no sólo en el ámbito local: cabildos y Gobierno autonómico también han tenido que lidiar con "el poder de los técnicos", que ha ido creciendo bajo el amparo de las sucesivas legislaciones conservacionistas con el medioambiente. Al calor de ellas, se han beneficiado durante lustros despachos y estudios de profesionales de diversas disciplinas relacionadas con la gestión del territorio: desde abogados a ingenieros y arquitectos, entre otros. Y también empresas públicas como Gestur o Gesplan, que en la última legislatura asumió una buena parte del "negocio" y tanto protagonismo que ha sido denunciada por presunta "competencia desleal".
Desde este punto de vista, la Ley del Suelo devuelve a los alcaldes una autoridad en materia del territorio perdida por los excesos de algunos y, sobre todo, por el tsunami de corrupción urbanística que ha arrasado España por la especulación inmobiliaria. Y cuyo epicentro ha estado fundamentalmente en los ayuntamientos.
Frente a esta corriente de opinión que "criminaliza", de forma generalizada y a priori, la política urbanística de los alcaldes, reacciona la propia Ley del Suelo. Y lo hace empoderando a los alcaldes no sólo en el diseño del planeamiento, sino también en su capacidad para autoevaluarlo medioambientalmente. Y esta es, precisamente, la cuestión que más preocupa a los detractores del anteproyecto de Ley. Y también la principal singularidad canaria frente a las similitudes con ciertos contenidos de las reformas territoriales de otras regiones. En sus alegaciones, los ecologistas califican la decisión de "insólita" y sostienen que "el desmantelamiento de la Cotmac no es una mera descentralización de una competencia exclusiva del Gobierno". "Es -añaden- la supresión del Gobierno en materia de ordenación del territorio".
Pero quienes están liderando realmente el movimiento contra la Ley del Suelo son fundamentalmente "los técnicos", es decir, los especialistas en urbanismo que apostaron desde hace décadas por la protección del territorio y contribuyeron, junto a los movimientos ecologistas, al descrédito de los alcaldes como gestores del suelo. Representantes históricos en Canarias como Faustino García Márquez y Carmelo Padrón encabezan, por ello, la Plataforma "Canarias no es un solar", a la que se han sumado los dos expresidentes de la moratoria, Román Rodríguez y Paulino Rivero, además del eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. Lo común en los dos últimos es que ambos forman parte de los dos partidos que sustentan el Gobierno, CC y PSOE, representando el ala crítica que, en las respectivos formaciones, dudan de la idoneidad de algunos de los contenidos de la Ley del Suelo.
Frente a ellos, las patronales y principales lobbies empresariales han mostrado su apoyo a una ley que consideran "imprescindible". También el sector agrario. "Hemos hecho una apuesta por un modelo tan válido como otros y, pese al ruido de quienes tocan determinados tambores, confiamos en que salga bien", precisa Jesús Romero. Un modelo basado en "una apuesta clara por la regeneración y la rehabilitación y desde la filosofía de permitir que las cosas que pueden suceder sobre el suelo no se eternicen, y efectivamente sucedan". Esta apuesta y filosofía evidencian precisamente, para los detractores, que "más que apostar por una nueva economía, desatasca el viejo modelo basado en el cemento y el sector inmobiliaria". El fondo del debate gira, pues, en torno a este quid de la cuestión: ¿fomenta la Ley del Suelo el cambio económico que Canarias necesita en base a un modelo de diversificación de su actividad, o insiste en el modelo de desarrollo turístico convencional, basado en la construcción y el turismo?
Habrá que atenerse también al desarrollo de las restantes leyes sectoriales que regularán las restantes actividades económicas. Porque la Ley del Suelo no regula aspectos turísticos, comerciales o industriales, sobre los que pilotan otros usos posibles. Por ejemplo, el abaratamiento del suelo industrial para impulsar las exportaciones y captar inversiones.
A la Ley del Suelo se han presentado 107 alegaciones y el propio presidente del Gobierno ha manifestado su voluntad de mejorar el texto en su tramitación. Eso sí, "sin renunciar al espíritu y filosofía que la ha inspirado".
