El Gobierno de Canarias culpó ayer al expresidente Paulino Rivero de las indemnizaciones millonarias que debe afrontar debido a la conocida como segunda moratoria. El Ejecutivo regional tacha de "fracaso" el modelo territorial que impulsó el exdirigente nacionalista y que ha colocado en una encrucijada a la Comunidad Autónoma, ya que los empresarios turísticos han empezado a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la ejecución forzosa de las compensaciones económicas ante el bloqueo de sus proyectos urbanísticos.
La pugna coincide con los reproches de Rivero al anteproyecto de la nueva ley del suelo que impulsa el presidente, Fernando Clavijo, su compañero en Coalición Canaria.
El equipo actual, sustentado por CC y Partido Socialista, estudiará cada expediente para intentar sortear las reclamaciones a las que aspiran los promotores, que rondan los mil millones de euros. En total, se trata de 45 recursos, en su mayoría con sentencias favorables del Tribunal Supremo. El Grupo Lopesan, que preside Eustasio López, encabeza las demandas, con 31 litigios que ascienden a 843 millones.
Las empresas demandantes invocan el artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo del año 2009, que se aprobó con el apoyo de Coalición y el PP, aliados en aquel entonces en el pacto regional, y el rechazo del PSOE, que estaba en la oposición.
Suelo rústico
Dicha norma habilitó una vía para que los terrenos urbanos para uso turístico que no llegaron a construirse debido a la moratoria fueran desclasificados y reconvertidos en suelo rústico de protección territorial.
A raíz del golpe judicial, el gabinete de Clavijo interpreta que las sentencias "no indican expresamente que los demandantes tengan derecho a recibir compensaciones millonarias, sino que lo que ordena el tribunal es que la tramitación de estos expedientes fueron objeto de silencio administrativo y, por tanto, lo que procede ahora es que el Gobierno tendrá que iniciar de oficio la descalificación de los suelos y retrotraer los expedientes y, si procede, compensar a los promotores, pero con una valoración que haga el propio Gobierno una vez que analice expediente a expediente".
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, criticó que "quienes quisieron garantizar la moratoria han fracasado". "Es un modelo fallido que ha llevado no sólo a una enorme inseguridad jurídica, sino a una responsabilidad millonaria", apostilló, al tiempo que destacó el interés del Gobierno en "preservar el erario público", en tanto que el presupuesto de la Comunidad Autónoma ronda los 6.000 millones de euros y detraer de las cuentas mil millones a favor de los hoteleros "pone en riesgo los servicios públicos esenciales".
La portavoz del Ejecutivo reprochó a Rivero que haya suscrito un manifiesto contra la nueva ley del suelo. En su opinión, el exjefe autonómico "no tiene por qué tener lealtades ni deslealtades, pero sí coherencia con lo que se firma y lo que después ocurre", tras el varapalo en los tribunales.
Dávila considera que los fallos judiciales vienen a dar la razón al actual Gobierno regional al promover una normativa que "elimina tres leyes" y las sustituye por una que "garantiza la seguridad jurídica para que haya inversiones allí donde se pueden producir sin llevar a indemnizaciones millonarias y poner en riesgo la seguridad presupuestaria" de las arcas públicas.
El Ejecutivo no comparte la cantidad que reivindican los promotores, que supera los mil millones, una cuantía "inasumible" y deja claro que va a "pelear en defensa del interés público".
En virtud de la legislación que pesa actualmente sobre el territorio del Archipiélago, 35 de los 88 municipios canarios ni siquiera han iniciado la adaptación a la Ley de Ordenación del Territorio del año 2000; 26 ayuntamientos llevan 16 años intentando aprobar su planeamiento y de los 26 planes aprobados siete han sido suspendidos o anulados por los tribunales. De ahí que Dávila insiste en que el actual Ejecutivo "plantea desentrañar esta maraña administrativa y dar seguridad jurídica sin consumir nuevo suelo ni deteriorar el territorio".
Por su parte, el portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Ruano, afirmó que es el Gobierno el que tiene que decidir si, finalmente, mantiene la intención de recoger en una ley una vía que permita articular un proceso que negocie con los titulares de los derechos sobre suelo clasificado para que sean compatibles con los intereses públicos.
El dirigente nacionalista recuerda que la enmienda que se iba a presentar en los presupuestos autonómicos de 2016 no se incluyó ni tampoco la normativa específica que se había planteado con posterioridad. "Actualmente en el Parlamento la única ley territorial que se debate es la normativa turística de las islas occidentales", apostilló Ruano, aunque también existe la opción de introducir una disposición adicional en la ley del suelo antes de que entre en la Cámara, lo que está previsto para julio.
En opinión de Ruano, "lo más lógico es buscar la vía más rápida y ésta sería la ley turística que se está debatiendo de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro". En esta medida se tendría que establecer el procedimiento que permita regular la posibilidad de indemnizar a los propietarios de los terrenos afectados o, en su caso, proceder a la expropiación de los mismos.
Mientras que la portavoz del PP en la Cámara autonómica, Australia Navarro, advirtió de que la firmeza de las sentencias del Supremo obliga al Gobierno a negociar con las empresas y pagar si corresponde. Para Navarro, "el Gobierno tiene que hacer lo que no ha hecho hasta ahora, que es negociar con los afectados y ponerse de acuerdo para buscar la fórmula que sea menos dañina para los intereses de la Comunidad Autónoma".
La dirigente popular cree llegado el momento de afrontar esta situación y habilitar un crédito extraordinario u otro mecanismo para hacer frente a las indemnizaciones que se pacten entre el Ejecutivo y las empresas sin más dilación.
Los propietarios de los terrenos aguardan expectantes los pasos que realice el Gobierno una vez que el TSJC le comunique formalmente la obligación de reclasificar las parcelas afectadas y pagar las reclamaciones. Los empresarios insisten en que lo único que han hecho es solicitar que se cumpla una disposición prevista en una ley aprobada por el propio Ejecutivo regional.
