El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha reservado varios días de la semana que viene para investigar la controvertida grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez realizó al magistrado Salvador Alba durante una conversación mantenida en su despacho de la Audiencia de Las Palmas.
El titular del juzgado, Rafael Passaro, ha citado para el lunes a Alba en calidad de denunciante, es decir, con la finalidad de que aclare los hechos atribuidos al empresario y al abogado Sergio Armario, quienes, a su vez, han sido emplazados para tomarles declaración como investigados (imputados) para el martes (otras fuentes aseguran que el interrogatorio se pasará al jueves por motivos de agenda).
El juez ha denunciado al letrado y al propietario del Grupo Ralons por revelación de secretos, falsedad, injurias, calumnias y coacciones. Alba sostiene que el empresario le ha presionado para que archive una causa por supuesto fraude fiscal en una de sus empresas, Seguridad Integral Canaria, y al no conseguir el sobreseimiento ni la rebaja de la fianza impuesta, ha hecho pública la conversación mantenida en su despacho.
El empresario grabó al magistrado cuando éste estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 8 en sustitución voluntaria de Victoria Rosell, que es la titular y, por tanto, responsable inicial de la investigación abierta a Ramírez en 2014.
La grabación, que está dividida en dos archivos de audio, ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya Sala de lo Penal ha abierto diligencias contra Alba por su contenido, pues supuestamente negoció con el empresario el contenido de una nueva declaración judicial para perjudicar a Rosell (el TSJC tramita una querella del exministro José Manuel Soria contra ella que está relacionada con dicho interrogatorio, donde Ramírez revela los vínculos comerciales que ha tenido y tiene con la pareja de Victoria Rosell).
Las tres investigaciones penales, por tanto, están relacionadas con un mismo hecho: la grabación que el empresario hizo a Alba en su despacho de la Audiencia de Las Palmas. Pero ni Ramírez ni Sergio Armario son aforados. De ahí que la denuncia contra ellos no se haya acumulado en el TSJC y el Juzgado de Instrucción número 2 comience a practicar diligencias de investigación.
Passaro, tras verificar que la reunión se produjo y escuchar el contenido de la grabación, ha emplazado a Alba para que se ratifique y concrete los hechos, pues no sólo denuncia a Ramírez por grabarlo de manera clandestina, según su teoría con la ayuda de un micrófono, sino que le acusa de manipular el audio y de presionarlo para lograr trato de favor en la investigación por el fraude fiscal, entre otros hechos.
Y es que de la grabación se ha excluido supuestamente una parte donde salen a relucir los nombres de otros magistrados, personas influyentes con las que el empresario presumía de tener relación. Alba, incluso, revela presiones desde el entorno de Ramírez, bien a través de exalumnos que ahora trabajan con él, periodistas o compañeros de la carrera judicial. De ahí la necesidad de que aclare no sólo el episodio de la grabación, sino cómo se acordó la entrevista en su despacho y la manera en la que se han articulado las presiones durante los casi siete meses al frente del Juzgado de Instrucción número 8. Hace poco más de un mes lo sustituyó Carla Vallejo, quien elevó al TSJC la exposición razonada para que se le investigara por el contenido de la grabación hecha por Ramírez y aportada voluntariamente por él al mismo juzgado.
