Las diferentes posturas ante el anteproyecto de la ley del suelo aún están muy lejos de encontrarse. Aunque el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, José Miguel Barragán, se esforzó ayer en transmitir un clima tendente al entendimiento, empresariado y sindicatos mantienen posiciones opuestas en asuntos tan relevantes como el del papel que habrán de desempeñar ayuntamientos y cabildos en la aprobación del planeamiento territorial. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Tenerife, José Carlos Francisco, subrayó al respecto que los consistorios deben ser capaces de sacar adelante sus respectivos planeamientos; de no ser así sería el consistorio en cuestión el que no tendría razón de ser.
El propio Francisco, exconsejero de Economía, reconoció que este fue uno de los temas más controvertidos durante la reunión del Consejo Asesor del Presidente, que ayer tuvo como asunto central el anteproyecto de la ley del suelo. El presidente de la patronal expuso que si los ayuntamientos son instituciones lo suficientemente maduras para elaborar sus presupuestos o para establecer sus ordenanzas, también deben serlo para aprobar sus planes generales de ordenación. Exhortó a cerrar sus puertas o a fusionarse con otra entidad municipal a aquellos incapaces de afrontar esta tarea. "Si un ayuntamiento no es capaz de aprobar su planeamiento, pues lo que no debe existir es el ayuntamiento", enfatizó el dirigente empresarial, quien, en tal caso, cree que debería "fusionarse con otro" y así "crear una dimensión y una eficiencia municipal adecuadas".
Al hilo de lo anterior, el viceconsejero de Presidencia argumentó que los informes de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la polémica Cotmac, no solo serían preceptivos, sino también vinculantes, en todo aquello que tenga que ver con competencias de la Administración autonómica. En consecuencia, su intervención sería como la del Estado actualmente, cuyos informes también son preceptivos y vinculantes en lo que atañe a sus obligaciones. Barragán recordó además que cabildos y ayuntamientos ya vienen haciendo todo el trabajo hasta la aprobación provisional de los planes generales (es la Cotmac la encargada de la aprobación definitiva), de modo que redujo la controversia a una cuestión semántica: "Ahora lo que se está planteando es que donde dice aprobación provisional diga aprobación definitiva".
Sea como fuera, la explicación no convence a los sindicatos mayoritarios, también miembros del Consejo Asesor e impulsores, ambas, de la plataforma que junto con varios organizaciones sociales se opone a la nueva norma de ordenación territoria. El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, no solo insistió en las dudas sobre el futuro "papel" de la Cotmac, y en concreto sobre si seguirá o no "evaluando" la legalidad de los planes generales, sino que cuestionó también la idea de dar a los ayuntamientos competencias "plenas" en su aprobación. A su juicio, ello implica "riesgos": "Puede llevarnos a romper la cohesión territorial de Canarias y el crecimiento armónico y sostenible".
Razón por la que Santana casi da por descontado que los sindicatos tendrán que "movilizarse" en contra de la norma, ya que no confían, aseguró, en que haya "voluntad" de modificar el texto: "Más bien ha habido discusiones que acercamiento de posturas".
Una postura que llama la atención en el Gobierno toda vez que, tal y como reveló la consejera de Política Territorial del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ni UGT ni CC. OO. han presentado ni una sola alegación al anteproyecto de ley. Es más, ninguno de sus representa han participado en ninguna de las reuniones ni mesas en las que se ha dado forma al texto pese a que han sido invitados; igual que tampoco han solicitado reunión alguna ni ha elevado al Ejecutivo documento alguno. En cualquier caso, Barreto adelantó que las aportaciones de UGT y CC.OO. serán tenidas en cuenta con independencia de que el plazo para presentar alegaciones expiró el 26 de mayo.
Al Consejo Consultivo
En cuanto a los trámites administrativos que el anteproyecto tendrá que superar antes de convertirse en ley, el viceconsejero de Presidencia adelantó que en dos semanas, tres como máximo, el Gobierno regional solicitará al Consejo Consultivo su preceptivo dictamen, paso previo a la llegada del texto al Parlamento. Barragán apuntó en este sentido que queda por delante la fase "más importante", esto es, el paso de la propuesta por la Cámara autonómica, momento este en el que aún sería posible el entendimiento con los opositores al texto.
