Canarias mantiene aún abiertos 19 vertederos descontrolados. La intención del Gobierno regional es clausurarlos antes de 2018, según anunció ayer la viceconsejera de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, que recordó que el Bruselas ya llamó la atención a la Comunidad Autónoma el pasado año para que solventase la situación cuanto antes. La UE denunció entonces a España por no acabar con 61 vertederos ilegales en seis comunidades, entre ellas, las Islas.

Según la normativa comunitaria, los estados de la UE están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el Medio Ambiente, por lo que está prohibido tanto su abandono como la eliminación incontrolada.

Bruselas abrió el procedimiento contra España en marzo de 2007 y un año después emitió un dictamen sobre la infracción. El Ejecutivo nacional prometió cerrar esos vertederos antes de finales de 2011, sin embargo, en vista de que a mediados de 2015 seguían sin sellarse la indisciplina se llevó ante el Tribunal de Luxemburgo.

Del año 2006 al año 2011 se cerraron en el Archipiélago seis vertederos, de 2011 a 2014 otros dos más, en 2015 ninguno y este año el Gobierno ha previsto el sellado de otros siete.

Medio Ambiente trabaja también en la unificación de los planes de gestión de residuos ya que hoy por hoy "cada una de las ocho islas tiene un sistema diferente", apuntó Pérez durante la inauguración del Congreso Internacional Tenerife + Sostenible, promovido por el Cabildo de esa isla, en el que 43 expertos debaten acerca de la adecuada gestión de los residuos que genera la sociedad.

En ese sentido, la implicación de los ciudadanos es primordial y adaptar la tasa de basuras que pagan a sus ayuntamientos a la cantidad de residuos que generen se presenta como una oportunidad. Esto fue lo que propuso ayer Jean Pierre Hannequart de la Fundación Economía Circular en la ponencia magistral que impartió. Desde su punto de vista los municipios deberían incentivar económicamente a los ciudadanos dependiendo del nivel de residuos que produzcan en sus casas. Así, considera, se preocuparían más por no generar tantos desechos y se atajaría el problema de la gestión antes de que sean generados. "Hay que fomentar la reutilización de envases, limitar el número de estos artículos y reducir la cantidad de embalaje", opinó este experto.

Para él las administraciones públicas también deberían fomentar el reciclaje a través de incentivos económicos. "Si es más barato para los municipios llevar los desechos a un vertedero que reciclarlos seguirán haciendo lo primero", afirmó, por eso, se deben crear subvenciones para que esto no sea así.