El Gobierno canario autorizará a los funcionarios la prolongación voluntaria de su vida laboral hasta los 70 años. Esta iniciativa es la más relevante del plan parcial de ordenación de recursos humanos, puesto en marcha por el Gobierno regional para afrontar la alarmante disminución de empleados públicos por las restricciones de la crisis. Los funcionarios que se jubilan en la Administración General autonómica oscilan entre los 150 y 200 anuales - más de 1.200 desde 2008- y la reposición de las plazas vacantes ha sido nula en los últimos siete años. Ahora se trata de que aquellos que quieran continuar trabajando tras cumplir los 65 años lo puedan hacer para aprovechar su experiencia y frenar el deterioro que están sufriendo los servicios públicos.
La Comunidad Autónoma admite que algunos sectores se encuentran en una "auténtica situación de riesgo". Los docentes, sanitarios y personal de Justicia están excluidos de esta medida porque se rigen por sus propias reglas pero en departamentos como tributos, servicios sociales, recursos humanos, medio ambiente o empleo la escasez de personal ha provocado una ralentización y un colapso alarmantes en los últimos años.
Junto a esta medida, el Ejecutivo abre la puerta también a la entrada de más funcionarios interinos para cubrir las plazas vacantes hasta que se convoquen oposiciones o también se establecen limitaciones a las comisiones de servicios de los empleados autonómicos en otras administraciones públicas a las que quieran trasladarse.
Desde la Administración autonómica se puntualiza que se trata de medidas provisionales hasta que se convoquen las ofertas de empleo público necesarias para ir recuperando las más de 3.600 plazas perdidas desde 2009. Sin embargo, este objetivo no es tan sencillo porque a estas alturas de 2016 aún no se han celebrado las pruebas de las oposiciones convocadas en 2015 para 141 nuevos funcionarios. Las objeciones puestas por los servicios jurídicos han estancado el proceso y aún no hay fecha para finalizar los trámites necesarios para la convocatoria, si bien desde la Consejería de Presidencia se recuerda que la legislación le otorga hasta tres años para realizar las oposiciones una vez convocadas.
En este sentido, los sindicatos advierten que al menos hasta el último trimestre del año no se celebrarán las pruebas, lo que puede dilatar hasta el próximo año la consolidación de estas nuevas plazas y la convocatoria de nuevas ofertas de empleo público.
En relación con el plan, pese a que el documento fue llevado a la mesa general de la Función Pública los sindicatos muestran sus reparos al texto publicado en el BOC y evidencian su escepticismo ante la efectividad de las medidas planteadas. El responsable del sector público en CCOO, José Ramón Barroso, lamenta que el Gobierno "se venga a dar cuenta ahora que se está perdiendo empleo público", cree que el plan es "irrisorio" para equilibrar el desfase acumulado estos años y critica que la autorización para prolongar el servicio activo a los funcionarios se haga "a medida de los intereses de la Administración" y no tengan en cuenta cuestiones sociales de los empleados.
Por su parte, Manuel González, portavoz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), advierte que con algunas de estas medidas crecerá la temporalidad en la Administración autonómica y cuestiona la "insuficiencia" del plan y la "lentitud" en la convocatoria de las oposiciones precisamente por la falta de personal.
