El presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, ha señalado hoy, tras conocer que el Tribunal Supremo ha dado por caducado el permiso de Repsol para buscar petróleo en aguas del archipiélago, que con este pronunciamiento se hace oficial que "se acabó el tiempo del petróleo en Canarias".

Morales, a través de un comunicado, ha dado por hecho que Repsol no podrá retomar los permisos para realizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

Para el nacionalista, "ahora es tiempo de renovables, de dedicar el cien por cien de todas las fuerzas a seguir haciendo de Canarias un paraíso de las renovables, porque es perfectamente posible con la técnica actual".

El presidente de la corporación insular ha añadido que "quienes nos hicieron pasar por un tiempo de temor colectivo, afortunadamente no se salieron con la suya y consiguieron que esta sociedad se articulara de forma activa".

Morales ha recordado que gracias a la presión social y a la unidad de todas las instituciones y colectivos, se consiguió que en Canarias "nunca más se tenga la amenaza de las energías contaminantes y siempre se tenga la riqueza de las limpias".

El Tribunal Supremo ha resuelto el asunto de las prospecciones de forma indirecta, en un recurso cuyo objetivo era dilucidar si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acertó o no en 2014 al rechazar las medidas cautelares que el Gobierno de Paulino Rivero (CC) había solicitado para intentar frenar las prospecciones petrolíferas, por su posible impacto sobre el medio ambiente y el sector turístico.

El alto tribunal reconoce que "no ha habido renuncia formal" de Repsol a hacer uso de esos permisos en Canarias y que, en teoría, podría parecer que estos seguirán vigentes hasta el 11 de agosto de 2017, por aplicación de sus tres años de vigencia.

Sin embargo, la sala de lo Contencioso Administrativo recuerda que el valor de los permisos está directamente vinculado al cumplimiento del calendario fijado en los permisos de investigación previos, que fijaban un período de cuatro años para completar los trabajos, plazo que expiró el 21 de marzo de 2016.