El exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria continúa con su intención de sentar en el banquillo a la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell. El expresidente del PP en Canarias, a través de su abogado, presentó ayer los 12.000 euros de fianza exigidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para personarse en el proceso y ejercer la acción popular contra Rosell por los delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la administración de justicia.
La querella de Soria fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo (TS) el pasado 25 de abril, pero una semana después, con la disolución de Las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, el Supremo mandó la causa al TSJC, tras perder Rosell su aforamiento como diputada nacional e incorporarse a la carrera judicial. La Sala de lo Civil y Penal nombró como instructora a Margarita Varona, que reclamó al exministro la fianza para seguir adelante.
Se trata de una garantía destinada a cubrir los perjuicios derivados de la acusación, entre ellos los gastos en abogados o de las pruebas periciales que se practiquen en la instrucción, siempre y cuando la causa se archive o recaiga una sentencia absolutoria con condena en costas. A eso, por tanto, se expone Soria si pierde y por eso ha depositado un aval bancario.
Fuentes judiciales explican que las fianzas de este tipo suelen fijarse en 6.000 euros, pero Varona ha doblado esa cantidad al considerarla proporcionada a la capacidad económica de Soria. Pagarla era la única forma de continuar porque el exministro no es afectado directo por los delitos investigados (intentó personarse como acusación particular por injurias y calumnias, pero el TS rechazó esa parte de la querella al no apreciar indicios de delito en las críticas vertidas por Rosell durante la anterior campaña electoral, donde le acusó de usar a la Fiscalía para perjudicarla).
El exmagistrado y exfiscal general del Estado Eligio Hernández, que representa a Soria, ha interesado la comparecencia como investigada de Rosell, del empresario Miguel Ángel Ramírez como testigo y que se recabe al juzgado la causa en la que el dueño de Ralons está imputado. Según la acusación, la magistrada, entre principios de 2014 y finales de 2015, pudo demorar esa investigación por fraude fiscal para beneficiar los negocios de su pareja, Carlos Sosa, con quien el empresario, a través de la UD Las Palmas, llegó a un acuerdo para alquilarle una frecuencia de radio. El contrato se firmó días después de que Rosell dejara el Juzgado de Instrucción número 8 para presentarse a las elecciones.
La magistrada, tras regresar a la judicatura, ha respondido con un escrito de 40 folios en el que reclama el sobreseimiento libre de las actuaciones. Sostiene que es víctima de una persecución de Soria y aporta la grabación clandestina hecha por Ramírez a Salvador Alba, su sucesor en el juzgado durante los casi siete meses que estuvo en política. En esa conversación, Alba y el empresario pactan los términos de una declaración perjudicial para la entonces diputada, la cual fue remitida al TS y ha sido clave para que se admitiera la querella. Rosell, incluso, acusa a su colega de falsear un informe en el que Alba -su actuación también es investigada en el TSJC- aprecia un retraso inexplicable en la causa contra Ramírez.
Asimismo aporta, entre otras pruebas, dos resoluciones del Consejo General del Poder Judicial que archivan sendas denuncias de Fiscalía, con la negación de dilaciones. Varona aún no ha resuelto dicha petición de archivo.
