Toda una odisea vivió un ingeniero canario empeñado en aplicar la Ley de Transparencia, aprobada hace año y medio. Una legislación que nació como resultado de la pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública, que ha ido en aumento, debido sobre todo a los innumerables casos de corrupción que han azotado al país. De ahí que esta normativa autonómica surgió con el propósito de permitir "una eficaz salvaguarda frente a la mala administración", en la medida en que posibilita a los ciudadanos conocer mejor y vigilar la prestación de los servicios y el destino de los fondos públicos.
La transparencia de la actividad de las administraciones se vislumbra como "el camino para iniciar la reconciliación entre los gestores públicos con la sociedad para la que trabajan". Así lo dice la propia ley canaria en su exposición de motivos, que añade que "para que la participación ciudadana sea útil resulta imprescindible garantizar el acceso a la información pública cierta, con claridad y agilidad". Cualquier persona puede preguntar sobre cualquier asunto a las instituciones, que están obligadas a responder.
Un escenario idílico lejos de la realidad. El mero deseo de averiguar cómo funciona Gesplan y conocer sus procedimientos de contratación pública le ha ocasionado a un profesional grancanario, que prefiere guardar el anonimato, una ardua batalla contra la administración autonómica durante cuatro meses para que cumpla con la publicidad que le exige la ley.
Acceder a las entrañas de Gesplan no ha sido fácil. En febrero este técnico dirigió el primer escrito para solicitar al Ejecutivo información sobre esta mercantil, que, por otro lado, la institución tiene el deber de hacer pública y mantener actualizada, tal como fija la ley.
La administración tenía un mes para contestar, pero amplió el plazo otro mes, el máximo establecido, alegando la complejidad y volumen de la información pedida. De no atender la solicitud, el ciudadano tenía la opción de ir a la jurisdicción contencioso-administrativa y pagar de su bolsillo a un abogado.
Tras dos meses sin recibir nada y para evitar acudir a los tribunales, presentó una reclamación al comisionado de Transparencia nombrado por la Cámara, Daniel Cerdán, que empezó a ejercer de árbitro. Gracias a su mediación, papel que no contempla la ley, pero tampoco lo prohíbe, el Gobierno dio la documentación casi cuatro meses después de haberse reivindicado.
De hecho, Cerdán se refirió a este caso en su comparecencia en comisión parlamentaria el 31 de mayo como "una de las demandas más importantes" que ha recibido y que ha tenido "resistencia" por parte de la administración. Aún así, subrayó que su resolución extrajudicial sienta "un precedente" y espera que "pronto" se cuelgue toda la información de los contratos de Gesplan en la web de transparencia del Gobierno. Todavía no se ha hecho.
Sin embargo, con el aporte de los CDs no terminó todo. La aventura continuó, ya que el interesado en conocer la maquinaria de Gesplan recibió una cantidad ingente de datos en archivos en PDF cifrados, imposibles de traducir. Muchos papeles, pero ninguna información clara. Por ello, tuvo que acudir a la Fundación Civio, organización sin ánimo de lucro, integrada por periodistas y técnicos, que destacan su lucha "por lograr una mejor democracia". A través de ellos el ingeniero consiguió desencriptar y desbloquear los ficheros. No fue suficiente, tuvo que contactar con la plataforma Medialab-Prado, radicada en Madrid, para hacer los datos más manejables, con la ayuda posterior también de un informático. Una carrera de obstáculos para acabar con la infotoxicación.
