Las administraciones canarias han adjudicado a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial (Gesplan) un total de 253 encomiendas de gestión en los últimos cinco años por más de cien millones de euros, sin que estos contratos externos de obras y servicios estén debidamente justificados, como exige la ley de contratación pública. Este mecanismo sólo puede utilizarse en casos excepcionales, cuando la administración carece de medios técnicos o personal propios para ejecutar una actuación. En cambio, se recurre a este instrumento de forma sistemática, a pesar de que restringe la libre competencia.
Ya la Audiencia de Cuentas ha alertado del abuso de las encomiendas de gestión por parte de las administraciones. En su informe de diciembre, relativo a las encomiendas en 2013 y 2014, el órgano que fiscaliza las cuentas del sector público de la Comunidad Autónoma advirtió de que el empleo recurrente de esta figura "sin criterios estratégicos está originando una progresiva descapitalización de los recursos humanos en los órganos administrativos", ya que parte del personal cualificado está al servicio de las empresas a las que se derivan los trabajos. De ahí que la Audiencia avisa de que "se corre el riesgo de convertir a la plantilla de la administración en un mera tramitadora de expedientes o, en el mejor de los casos, en supervisora de los trabajos realizados".
A dedo
Las encomiendas son, en la práctica, adjudicaciones a dedo y sin concurrencia competitiva. Esta figura cada vez más utilizada por las instituciones encuentra anclaje legal en la Ley de Contratos del Sector Público y consiste en la ejecución de una obra, la realización de un suministro o la prestación de un servicio a cambio de una contraprestación económica.
La normativa indica que si una administración encarga un proyecto a un ente público, sin sacarlo al mercado para ver cuál es la mejor oferta, es porque esa entidad instrumental está capacitada para realizar la parte esencial de la tarea. La directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 2011 sobre contratación pública plantea un umbral del 80% de la actividad principal y se puede subcontratar el resto.
Sin embargo, de las 253 encomiendas que recibió Gesplan en el último quinquenio, la sociedad perteneciente al Gobierno de Canarias subcontrató el 60%, es decir, en 151 actuaciones recurrió a un tercero para llevar a cabo los trabajos que se le habían ordenado directamente a Gesplan, y en 83 de ellas subcontrató más del 80%. Por lo que 40,3 millones de euros no debieron haberse encomendado a Gesplan, sino haber acudido a la contratación ordinaria y eludir con ello la arbitrariedad y discrecionalidad en los procedimientos.
Así, los datos sobre las obras y servicios de Gesplan se conocen ahora tras la documentación aportada por el Ejecutivo a un ingeniero grancanario que la solicitó en virtud de la Ley de Transparencia, aprobada hace año y medio por el Parlamento. El técnico tuvo que acudir a la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro integrada por ingenieros y técnicos en sistemas informáticos, para poder desencriptar los archivos, que forman parte de la última etapa de Rafael Castellano como gerente de Gesplan, cargo que dejó en agosto de 2015 tras diez años.
Uno de los aspectos clave de la encomienda es que debe tener una memoria justificativa sobre las causas que llevan a cualquier administración a acudir a esta vía, en lugar de al sector privado. Debe venir justificada en razones de eficacia, eficiencia económica o en la falta de medios técnicos propios. No obstante, en la información facilitada por Gesplan y el Ejecutivo en el apartado "Motivos que justifican que no se preste el servicio con medios personales del órgano encomendante" se responde "no aplica".
A este respecto, la Audiencia de Cuentas reprochó al Gobierno que no haya realizado estudios "sobre las ventajas de acudir a la encomienda frente a otras alternativas, como la contratación, ni se ha efectuado un análisis de cargas de trabajo que acredite la falta de medios".
En el caso de Gesplan, las 253 encomiendas han dado empleo en estos años a 4.200 personas. La mayor parte de las 253 encomiendas desde 2010 hasta 2015 proceden de las distintas consejerías autonómicas, fundamentalmente de la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que después se denominó Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, dirigidas por Domingo Berriel, de Coalición Canaria. Estas áreas destinaron a Gesplan aproximadamente 33,4 millones de euros en encomiendas.
En la actualidad, este departamento está dividido en dos, por un lado Obras Públicas y Transportes, que encabeza la socialista Ornella Chacón; y Política Territorial, con la consejera Nieves Lady Barreto (CC), de quien depende Gesplan.
En conjunto, los siete cabildos han encomendado a esta empresa pública actuaciones por 30 millones de euros desde 2010. El Cabildo de La Gomera es la corporación insular que más trabajos ha encargado a Gesplan: 22 actuaciones por 19 millones. La institución, presidida por el también diputado de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha confiado a Gesplan la mejora de infraestructuras y la red de carreteras, así como la recuperación de las zonas afectadas por el incendio que arrasó la isla en 2012, entre otras labores.
