El Gobierno de Canarias gastará 123 millones de euros más de lo inicialmente presupuestado a lo largo del actual ejercicio. El Ejecutivo regional promoverá para ello una ley de crédito extraordinario que permitirá elevar el techo de gasto y, en consecuencia, modificar las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma. Esta nueva ley, que llegará al Parlamento el próximo mes para su tramitación en lectura única, en ningún caso pondrá en riesgo el cumplimiento del déficit o de la norma de estabilidad presupuestaria, según se aseguró ayer desde la Consejería de Hacienda. El objetivos es que esos 123 millones sirvan para abonar a los funcionarios el 50% de la paga extra que les resta de 2012 y que el Estado les retiró como parte de las medidas de ajuste del gasto público y para reforzar los servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales).
Fue el propio presidente del Gabinete canario, Fernando Clavijo, quien adelantó tras la reunión con sus consejeros la estrategia para aumentar la capacidad de gasto sin por ello comprometer el estricto cumplimiento de los mandatos del Ejecutivo estatal y de la Unión Europea. Clavijo explicó que tanto él como su consejera de Hacienda, Rosa Dávila, llevan meses intentando que el gobierno de Mariano Rajoy permita a la Administración autonómica gastar "al menos" la recaudación extraordinaria. "Estamos recaudando más, estamos creciendo más, y esto implica un incremento de los ingresos que, paradójicamente, no podemos trasladar a los gastos para sufragar, por ejemplo, los servicios públicos", ahondó el jefe del Gabinete regional, que insistió en que solamente Galicia, País Vasco y Canarias han cumplido la regla de gasto y demás exigencias del Ministerio de Hacienda. Y a pesar de ello, recalcó, "no hemos tenido respuesta del Gobierno de España, seguimos sin tener respuesta".
El presidente del Ejecutivo autonómico dijo que el silencio del Ministerio, que sigue, por tanto, sin suavizar el corsé que limita la capacidad presupuestaria de las comunidades, llevó al Gobierno regional a tomar la resolución de promover esta ley de crédito extraordinario. Una ley cuyos fondos, esos 123 millones de euros, derivan, por un lado, de recalcular la regla de gasto, de modo que la Administración emplee el máximo posible de los recursos de que dispone por el incremento de los ingresos; y, por otro, de la ampliación del techo de déficit.
La consejera Dávila recordó al respecto que Canarias no solo no superó el límite de déficit que en su día fijó Hacienda, sino que incluso se quedó sensiblemente por debajo. La autonomía tampoco excederá este año del límite impuesto (que además no será ya de un 0,3% del PIB, sino de un 0,7), pero sí que ajustará al máximo los objetivos de déficit a las necesidades de gasto, es decir, que todos los recursos que se puedan emplear efectivamente se emplearán.
En cuanto al destino de esos 123 millones, Dávila no entró en detalles y se limitó a apuntar que, una vez promulgada la ley, serán los distintos departamentos del Ejecutivo los que transmitan sus prioridades. Lo único seguro, de momento, es que se abonará a los funcionarios la cantidad aún pendiente de la paga extra de 2012, si bien tampoco se quiso avanzar el montante hasta estudiar en qué situación está el colectivo, que puede haberse reducido por jubilaciones y otras circunstancias.
Las primeras reacciones a la medida fueron ayer las del PP y Nueva Canarias . El portavoz parlamentario del PP en materia de economía, Jorge Rodríguez, expuso que en su fuerza política ya daban por descontado que el Gobierno tomaría una decisión como esta. "Puede hacerlo", subrayó el diputado popular, que agregó que el PP se ha mostrado favorable a que el Ministerio de Hacienda flexibilice sus condiciones en el caso de Canarias, habida cuenta de su cumplimiento. Con todo, pidió al gabinete de Clavijo que los nuevos fondos sirvan también para promover el empleo.
Desde NC, su presidente, Román Rodríguez, fue mucho más crítico e hizo hincapié en que el anuncio del Ejecutivo está "entre la insumisión y la irresponsabilidad". El líder de NC entiende, no en vano, que esta ley, a falta de conocer la letra pequeña, sí incumple la regla de gasto. Además, y en todo caso, "tiene un tufo electoralista evidente", aseveró.
