Si la disponibilidad presupuestaria lo permite, en 2018 comenzará la construcción de los nuevos palacios de justicia de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario. Así lo anunció ayer el consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, quien también reconoció que la ejecución de las obras se han retrasado por trámites administrativos.

En una comparecencia parlamentaria instada por el grupo Popular, Afonso expuso las dificultades existentes para conseguir las parcelas donde se ubicarán los dos edificios judiciales. No en vano, el terreno de Santa Cruz de Tenerife se encuentra pendiente del cambio de uso del suelo, ubicado en la zona de Cabo Llanos. Y en el caso de Puerto del Rosario, el consejero recordó que se está a la espera de que la Consejería de Política Territorial apruebe el Plan General de Ordenación de este municipio y de su remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que podría aprobarlo en su reunión de este mes o julio.

El consejero confía en que los problemas administrativos se resuelvan en el segundo semestre de este año, para poder empezar a redactar los proyectos arquitectónicos y comenzar las obras, si hubiera disponibilidad económica, en 2018.

Con el edificio en Cabo Llanos, agregó Afonso, la actual dispersión de los servicios en cinco sedes diferentes se reducirían a dos y la disminución del coste en alquileres superaría el millón de euros. En Puerto del Rosario también se acabaría con la dispersión y la infraestructura se ajustaría a la nueva oficina judicial.

El consejero también se refirió a otras obras incluidas en el plan de infraestructura, como la de Granadilla de Abona. Afonso señaló que se mantienen negociaciones con el Ayuntamiento para la cesión gratuita de una parcela, al igual que para el nuevo edificio entre La Orotava y Puerto de la Cruz, puesto que también se ha pedido a ambos municipios la cesión de terreno colindante.

El consejero explicó, tras exponer Emilio Moreno (PP) que el retraso en las infraestructuras no se puede achacar al Gobierno del PP, que si las Islas hubiesen dispuesto de 700 millones de euros más al año "se pondría hablar de otros tiempos" en la ejecución de las obras.