Entre el primer y el segundo intento para que España tenga un nuevo Gobierno han pasado solo seis meses. Suficientes, sin embargo, para que los partidos hayan tenido que realizar ajustes en sus programas económicos. Sobre todo tras conocer que Bruselas aguarda tras la esquina electoral para exigir al país otro recorte de alrededor de 10.000 millones de euros, 8.000 para llevar el déficit al objetivo del 3% del producto interior bruto (PIB) y 2.000 más de castigo por haber incumplido el compromiso de alcanzar en tiempo esa cifra.
Eso ha llevado a Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ciudadanos (C´s) y Unidos Podemos (UP) a colocar en lugar destacado de sus respectivas ofertas la apertura de un diálogo con la Comisión Europea (CE) del que resulte un nuevo calendario de plazos para embridar las cuentas públicas patrias. Al inicio de esta semana, Pablo Iglesias (UP) se mostró escéptico ante la posibilidad de que Jean-Claude Juncker -presidente de la CE- y compañía se atrevan a arrinconar a España del modo en que lo han hecho con Grecia. "Somos la cuarta economía de Europa", recordó el candidato.
Un varapalo del tamaño del que está sufriendo el país heleno podría poner en riesgo la propia estabilidad de la economía de la UE. A esa tesis se suma C's, que también incluye en su programa una ronda de negociaciones que finalice con el establecimiento de un techo de gasto viable para el mantenimiento de los servicios en España. Por su parte, los socialistas, de la mano de su asesor económico y exministro Jordi Sevilla, calculan que será suficiente contar con dos años más para que la desviación de la contabilidad española se coloque en ese máximo del 3%.
El Partido Popular (PP) defiende que ese no será un problema. En lugar de incluir en su programa alguna referencia al respecto, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, decidió adelantarse y negociar vía carta directamente con las autoridades europeas el aplazamiento de la toma de decisiones. Evitó con ello que entrara en campaña un nuevo horizonte de recortes, pero fracasó al filtrarse la comunicación epistolar. En la misma orilla, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se ha mostrado seguro de que no habrá multa por incumplir el Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE.
Bajada de impuestos
De hecho, los populares son los únicos que incluyen en su programa electoral una rebaja de impuestos sin condiciones. Defienden la necesidad del crecimiento de la renta disponible de los trabajadores como garantía de vigor en la demanda de bienes y servicios, factor decisivo para que las empresas se vean obligadas a incrementar sus niveles de producción y necesiten, por tanto, más mano de obra.
El programa de los populares incluye una bajada de dos puntos en todos los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), mientras que libera de su pago a quienes prolonguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación, los que hallen su primer empleo -solo durante un año-, y, en los dos primeros ejercicios fiscales, a los parados de larga duración que opten por el autoempleo. Otra de las medidas estrella planteadas es la reducción en diez puntos del Impuesto de Sociedades a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se comprometan a reinvertir los beneficios.
Mariano Rajoy tiene en su contra que también se presentó a las elecciones de 2011 con un programa fiscal basado en el aumento de la actividad económica que provocaría un abaratamiento de los impuestos. Sin embargo, tras alcanzar la mayoría absoluta se colocó en el polo opuesto, con aumentos del IRPF argumentados en el desconocimiento del estado real de las cuentas del país y la necesidad de reducir el déficit. Cierto también que en los últimos ejercicios comenzó el camino de regreso con el abaratamiento de ese mismo impuesto, hecho al que sus críticos han atribuido parte del incumplimiento de objetivos que ahora aventa Bruselas con tono amenazante.
Algo aprendió el partido en el poder de aquella promesa soslayada a las primeras de cambio. Ahora, los asesores del presidente en funciones introducen el matiz temporal cada vez que este insiste en que va a impulsar una rebaja impositiva en caso de resistir en La Moncloa. El alivio fiscal, puntualizan, llegará cuando sea posible, es decir, nunca antes de pasar el trago del tirón de orejas de la CE y cuando el propio avance de la economía lo permita por la vía del incremento de la recaudación.
Sus tres oponentes principales coinciden en la necesidad de estrechar el cerco sobre los defraudadores. Albert Rivera (C´s), además de descartar rotundamente tanto las bajadas como las subidas hasta 2018, recomendó a Rajoy escuchar a su secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, quien en octubre del pasado año, sostuvo que por cada euro invertido en la persecución de quienes no cumplen se recuperaron diez.
La formación naranja incluye también en este capítulo la recuperación de 2.800 de los millones de euros que abandonaron la negrura de su estancia en el extranjero bajo el paraguas de la amnistía decretada por el Gobierno popular, urgido por la necesidad de recapitalizar España. A ello añaden el incremento de las penas contra quienes hacen trampas al fisco.
Socialistas y Unidos Podemos centran su atención en el aumento de la recaudación bajo la premisa de que pague más quien más tenga. Tanto los de Pedro Sánchez como los de Pablo Iglesias prevén sendas subidas al 15% del tipo mínimo real del Impuesto de Sociedades. Además, los socialistas incluyen la creación de un tributo que grave las grandes fortunas y el establecimiento de un tipo mínimo estatal para los de sucesiones y patrimonio que habrán de atender todas las comunidades autónomas. Por último, también en la cartera de nuevos proyectos, Ferraz contempla la entrada en vigor de figuras fiscales medioambientales que permitan a España cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases nocivos en 2030.
En la misma línea, UP ha diseñado una subida por tramos del tipo marginal del IRPF -que grava las rentas más elevadas- desde el actual 45% al 55% y ha puesto sobre la mesa la revisión al alza de los impuestos que pagan las rentabilidades obtenidas a través de sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), sociedades de inversión de capital variable (sicav) y entidades de tenencia de valores extranjeros (etve). A ello añade la recuperación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el establecimiento de un tributo de solidaridad a las entidades financieras y la aplicación de la tasa Tobin, que grava las transacciones de capitales y valores.
Recuperación del empleo
Las altas tasas de paro -21% en España y 26% en Canarias- confieren al desempleo un lugar de preferencia en los programas de las formaciones llamadas a protagonizar el siguiente capítulo de la política española. El PSOE contempla la creación de 217.000 empleos de transición para parados de larga duración que abonaría el Estado en los primeros seis meses. El coste para las arcas nacionales es de 1.300 millones de euros que Sánchez y los suyos prevén obtener de los presupuestos y de un retoque a las actuales bonificaciones a la contratación.
PSOE y Unidos Podemos vuelven a coincidir en la necesidad de derogar la reforma laboral del PP, cuestión que los segundos hacen extensible a la ideada por los propios socialistas en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente. Además, la coalición -Podemos más Izquierda Unida- que encabeza Pablo Iglesias contempla la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la regulación de las horas extraordinarias y el establecimiento de un contrato único temporal. Este pasará a ser indefinido al cabo de un año de manera automática, circunstancia que también se producirá si se encadenan varios en un periodo de tiempo menor.
Ciudadanos coloca en su pliego de compromisos la entrada en vigor de bonificaciones para las empresas que menos despidan y, por contra, penalizaciones para las que más trabajadores pongan en la calle. Además, Rivera mantiene su intención de que los autónomos coticen en proporción a los beneficios que obtengan y que exista una única modalidad de contrato.
Mientras, los populares se fijan el objetivo de crear dos millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años. Entre las medidas con las que intentarán seducir a los empresarios cuentan con la bonificación de 500 euros en las cotizaciones a la Seguridad Social, que mantendrán durante cuatro años, para todos los contratos temporales que se conviertan en indefinidos y los que tengan esta última condición desde el momento de la firma.
Las diferencias entre las ofertas programáticas se observan también en el capítulo dedicado a la energía. Todos los partidos incluyen medidas tendentes a evitar que los más desfavorecidos se vean privados del suministro energético, si bien atacan el asunto desde ópticas muy diferentes.
El PP opta por extender el bono social a más colectivos, mientras que el PSOE se decanta por establecer un periodo de carencia de seis meses en los pagos. Por su parte, UP anuncia una auditoría sobre la creación del déficit de tarifa y los costes reconocidos a los operadores. En esa misma línea, C's señala la necesidad de adecuar el precio final al coste real del servicio.
