Más de 96.000 españoles mayores de edad, entre ellos casi 2.500 canarios, no pueden votar en unas elecciones por la sencilla razón de que se les ha retirado este derecho reconocido en la Constitución. Son personas que han sido incapacitadas judicialmente, lo que comporta generalmente y en aplicación de la actual ley electoral, la supresión del derecho de sufragio.
En las vísperas de la jornada del 26-J, el colectivo de asociaciones que representan a las personas con discapacidad se movilizan para que las próximas sean las últimas elecciones con esa restricción democrática en el país, al tiempo que aprovechan para poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de seguir avanzando en su integración y denunciar los retrocesos que la crisis ha provocado en el camino hacia la plena inclusión, así como la ausencia de este tema en las campañas electorales de los partidos.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado abiertamente la cuestión durante la jornada reivindicativa que celebró ayer y la concentración que organizó frente al Congreso de los Diputados, exigiendo el derecho al voto para todas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, justamente las afectadas por la restricción democrática contemplada en la ley electoral, así como que se dote de plena accesibilidad universal a los procesos electorales. Se reclama sobre todo la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que se respete el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, que sigue sin cumplirse en este punto pese a ser de obligado cumplimiento para todos los países signatarios, y pese a las recomendaciones expresas realizadas en 2011 al Estado español para que se realizaran la reforma de la Loreg por ir en contra ese derecho. El Comité de la ONU llegó a expresar en un escrito dirigido al Estado español su "preocupación por el número de personas con discapacidad a las que se ha denegado el derecho de voto".
Abuso judicial
La actual norma electoral que regula el derecho de sufragio excluyen de él a los "declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme" y a los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, en ambos casos siempre que el juez declare expresamente dicha incapacidad pata el ejercicio del derecho de sufragio. La incapacidad legal es una medida con la que, por lo general, los familiares de estas personas pretenden protegerlas y evitar que sean víctimas de estafas, extorsiones o manipulación. Pero lo cierto es que de forma muy generalizada, estas incapacidades legales han ido acompañadas frecuentemente de la supresión del derecho al voto.
Los juristas explican que cuando una persona no tiene capacidad para gobernarse a sí misma, el Código Civil prevé la incapacitación como medida de protección, pero se considera que se ha abusado de esta medida y que se ha establecido como norma adicional la supresión del derecho al voto. Supuestamente, el juez debería hacer especificar en cada caso para qué actos que quiere llevar a cabo la persona con discapacidad intelectualmente tendría que intervenir el tutor, y el de votar no debería contemplarse en prácticamente ninguno de ellos.
Sin embargo, según un estudio de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares hay otros factores que excluyen a estas personas de su derecho, como es su exclusión del censo electoral. Ese informe señala que sólo el 56 % están privadas del derecho al voto de manera explícita en su declaración de discapacidad y que el 44 % restante, pese a no verse privado de ese derecho expresamente, se desconoce si pueden no ejercerlo al no figurar siempre en el censo electoral. Es decir, una vez el juez ha dictado sentencia, directamente se les ha dado de baja en el censo electoral.
Para el presidente de Salud Mental Canarias y vicepresidente de Cermi-Canarias, Andrés Mendoza, "está en la mano del juez en cada proceso de discapacitación el dejar fuera la supresión de este derecho", y aclara que "estamos hablando de todas las personas que ya han sido discapacitadas legalmente y es necesaria una modificación legal que permita que en esos procedimientos judiciales instar de oficio o de parte a los jueces para que autoricen el derecho a voto en esa declaración". Añade que "ahora el juez puede no restringir el derecho a voto, y muchos lo están haciendo, pero nosotros apelamos a una modificación de la ley electoral porque si se hace a ese nivel de rango, ninguna ley podría ya tocarlo ni ningún juez tendría que entrar en el debate de dar o quitar el derecho a voto".
Programas electorales
El consenso sobre la necesidad de esta modificación legal para acabar con esta discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual parece haberse instalado entre los partidos políticos de cara a llevarla a cabo en la próxima legislatura y prácticamente todos lo especifican en sus programas electorales, bastante amplios en la mayoría de los casos pese a no formar parte del debate electoral durante el tiempo de campaña. Los socialistas, en el epígrafe sobre "discapacidad: capacidades diferentes y derechos de ciudadanía", donde se compromete a "modificar la Loreg con el fin de hacer efectivo a derecho a ejercer el voto a las personas con discapacidad que hoy no lo tienen".
El PP, en sus páginas sobre "un compromisos con la discapacidad", abunda en la misma reforma legal "para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho fundamental de sufragio con garantías y con privacidad, garantizando la disponibilidad de votos en Braille en todas las citas electorales". Podemos habla de reformar la ley "para que ninguna persona con diversidad funcional pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y para que se le restituya el derecho a voto a las que ahora no lo tienen", y avanzó ayer que presentará en los próximos días en todos los parlamentos autonómicos una iniciativa instando al Gobierno a reformar la normativa electoral con este objetivo. Ciudadanos, por su lado, que también recoge la reforma de la Loreg en su programa, cree que "negar este derecho no es sólo una vulneración contra la persona, sino contra el propio sistema democrático".
"Los las personas con discapacidad intelectual se preocupan más de lo que pensamos sobre el entorno social y sobre la política", asegura el presidente de Salud Mental Canarias, Andrés Mendoza. "El imaginario social entiende que ellos pueden ocuparse de los temas políticos de forma errónea cuando en realidad se preocupan más de lo que pensamos y más que muchos ciudadanos sin ninguna discapacidad, porque todo lo que gira en torno a ellos en materia de recursos, apoyo, etcétera, depende de la política", asegura Mendoza. Para él, "el hecho de que haya que preguntar a un juez si una persona incapacitada puede votar o no es una discriminación porque a ningún ciudadano se nos exige ningún criterio, razón o requisito para ejercer ese derecho".
