La incertidumbre política deja en el aire los plazos para negociar el nuevo convenio de carreteras entre Canarias y el Estado. El actual convenio finaliza el próximo año y el objetivo inicial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes era negociar cuanto antes un nuevo acuerdo para que entrase en vigor en 2017. Sin embargo, la situación no está tan clara y el escenario que se está contemplando es el de una prórroga del presupuesto estatal de 2016. En este caso el departamento que dirige Ornella Chacón reclama al menos que se mantenga la misma dotación de este año, es decir, 96 millones de euros hasta que se fije un calendario de negociaciones.
El viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Alexis González, confirma que se ha solicitado en dos ocasiones una reunión bilateral al Ministerio de Fomento -en enero y en marzo- pero no se ha recibido respuesta alguna. La Consejería ha ido recabando en estos meses las prioridades de vías de cada cabildo con el fin de articular una propuesta de convenio a Fomento, con la relación de carreteras y el presupuesto correspondiente. El Ejecutivo regional aspira a una dotación similar a la que figuraba en el actual convenio, es decir, sobre los 2.500 millones de euros en diez años y una inversión anual superior a los 200 millones.
Alexis González establece como prioridades la finalización de las obras en ejecución del convenio actual, que acumulan un importante retraso por los drásticos recortes sufridos desde 2012. Obras Públicas calcula el desfase en cerca de 700 millones de euros. Las vías que se han parado como consecuencia de los ajustes se incluirán como prioritarias en el nuevo convenio, caso de Ofra-El Chorrillo y Vía Litoral en Tenerife o Pagador-Guía y la segunda fase de La Aldea-Agaete desde El Risco en Gran Canaria.
Pese a la falta de respuesta de Fomento, el departamento de Chacón seguirá insistiendo en los próximos meses y desde que se configure un nuevo gobierno se solicitará de inmediato que se inicien las negociaciones del nuevo convenio y una ficha financiera estable y segura que no esté sujeta a las decisiones políticas de cada gobierno o a problemas presupuestarios.
Una de las cuestiones que preocupan en el Gobierno regional son los nuevos recortes que se puedan producir para ajustar los 8.000 millones de euros que exige la Comisión Europa para que España cumpla el objetivo de déficit. Fomento está en el punto de mira para los nuevos ajustes y en Canarias produce inquietud que esta situación pueda repercutir en las aspiraciones de contar con un nuevo convenio de carreteras dotado con fondos suficientes para evitar los problemas de los últimos años.
