El retraso que acumula la concesión de ayudas enmarcadas en la ley de dependencia en Canarias ocupa un puesto destacado en el ranking de denuncias de colectivos sociales y profesionales, partidos de la oposición y, sobre todo, de los propios dependientes y sus familias. De hecho, el Archipiélago se sitúa en los últimos puestos en número de beneficiarios desde la implantación de la norma en el año 2007 y hay abundantes expedientes que siguen esperando por su resolución nueve años después.
Hasta final de mayo, de las 30.456 personas beneficiarias con derecho reconocido a la prestación no la están recibiendo un total de 16.294 y otros 6.304 solicitantes aún aguardan por el dictamen para ver si pueden obtenerla o no. En global, 22.598 personas están en lista de espera en dependencia en las Islas.
Además, los canarios aguardan una media de 1.206 días, casi tres años, por la resolución del expediente de la prestación del sistema de atención a la dependencia, mientras la ley establece un máximo de seis meses.
La nueva directora general de Dependencia de la Consejería de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales, Marta Arocha, recién llegada al cargo tras la dimisión de la anterior directora, Alicia Arocha, el pasado mes, señala que la primera medida que van a adoptar será modificar los decretos que regulan el derecho a recibir la dependencia, simplificando y uniendo dos decretos "engorrosos" que ralentizan el procedimiento.
Por tanto, modificará el decreto 54 por el que se reglamenta el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es una norma "que tiene muchos trámites, y en los que se puede conseguir la colaboración de los ayuntamientos", explica.
Simplificar
Por un lado se encuentra este decreto y luego existe otra regulación, por lo que la directora general subraya que lo que se debe hacer es, "en términos generales, racionalizar y simplificar el procedimiento, y unificarlos para que sea único y donde se resuelva el grado dependencia y también el Plan Individual de Asistencia (PIA)", último paso obligatorio para recibir la ayuda tras los dictámenes profesionales.
La propia vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales, Patricia Hernández (PSOE), ha reconocido que la lista de espera en dependencia en Canarias es "brutal", y aunque prometió un plan de choque cuando fue nombrada el pasado julio la resolución de las prestaciones siguen en un embudo. En abril se contrataron a 26 personas para agilizar los expedientes.
Según Marta Arocha, en estos primeros seis meses van a trabajar esos decretos para lograr reducir los casi tres años que tardan en resolver la atención a las personas que piden la solicitud.
Sobra decir que por el camino se han ido muriendo miles de personas a la espera de que les den la prestación, bien sea atención residencial, ayudas a domicilio, teleasistencia, centros de día, ayudas a los cuidadores familiares o asistentes especializados. Son distintas las medidas que se establecen en el PIA, pero sin este plan, que es el paso final, no se da la prestación aunque los beneficiarios tengan los grados de dependencia reconocidos y derecho a obtener las ayudas. El PIA decide qué tipo de asistencia deben recibir y el embudo se produce ahí.
La directora general de Dependencia y Discapacidad no tiene problemas en reconocer que para simplificar los procedimientos modificando los decretos "copiará" a los de las comunidades autónomas pioneras en dependencia, como identifica a Andalucía.
En el caso de las ayudas a domicilio se fijará en cómo lo hacen en Cataluña, porque tiene un sistema de gestión "en condiciones" con el fin de atender las distintas intesidades de los usuarios, "como un auxiliar de enfermería que vaya a casa del dependiente, lo bañe, esté unas horas, y permita un respiro familiar".
Los último datos del Imserso de mayo muestran que Canarias tiene registradas 42.359 solicitudes, de las que ya cuentan con dictamen 36.055 y 30.456 son reconocidos como beneficiarios. En dependencia moderada (Grado I) están admitidos 8.419 solicitantes, en grado severo (II) 10.362 y en el tercer grado, que son personas de gran dependencia, hay 11.675 beneficiarios. De los 30.456 solicitantes con derecho reconocido solo 14.162 perciben prestaciones con lo que 16.294 esperan por la ayuda.
Según la directora general la solución a la dependencia a corto plazo no pasa tanto por los centros residenciales, que además están colapsados y la lista de espera duplica las plazas existentes en estos centros. Calcula que puede haber unas 7.000 personas en lista de espera para centros residenciales con su PIA reconocido.
Por lo tanto, se propone potenciar otras formas de atención. En el caso de centros residenciales dar ayudas de hasta 700 euros para, junto con la pensión de las personas dependientes, poder pagar la asistencia en centros privados.
Además, como medidas quieren fomentar otras prestaciones recogidas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, dándole especial importancia al impulso de las prestaciones económicas del cuidado al entorno familiar.
"Se va a potenciar de aquí a final de año por orden directa de la vicepresidenta -Patricia Hernández- esa ayuda, lo que nos permitirá mejorar los datos", indica Marta Arocha. Son prestaciones económicas de hasta un máximo de 380 euros para los cuidadores.
Igualmente se está trabajando en un nuevo modelo de ayuda a domicilio que responda a las diferentes intensidades de los dependientes, como se hace en Cataluña, y se quiere fomentar la prevención y la promoción a la autonomía de estas personas con entidades que "funcionan bien y pueden ayudarnos a utilizar políticas preventivas" a la dependencia.
