La juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, ha rebajado de 17 a 3,25 millones la fianza que su antecesor, Salvador Alba, impuso al empresario Miguel Ángel Ramírez en la causa que se sigue contra él por posible fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
En este procedimiento se investiga si el empresario grancanario defraudó 13,78 millones de euros al erario público entre 2008 y 2013 al pagar a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria sistemáticamente las horas extras como dietas, que no tributan.
En dos autos dictados esta mañana, a los que ha tenido acceso Efe, la actual instructora del caso declara prescritos los cargos que afectan al año 2008 y acuerda continuar el caso con los ejercicios fiscales comprendidos entre 2009 y 2013.
Asimismo, sobresee las indagaciones realizadas sobre un posible delito contra los derechos de los trabajadores, lo que priva a USO de la condición de acusación particular y le obliga a ejercer la acción pública (condición en la que podría verse obligado a aportar una fianza, al denunciar hechos que no le afectan de forma directa).
Este procedimiento ha tenido hasta ahora tres jueces instructores: Victoria Rosell, Salvador Alba y Carla Vallejo. Los dos primeros están en la actualidad incursos en procedimientos penales por su actuación en el caso: Rosell, acusada por el exministro José Manuel Soria de haber retrasado la instrucción movida por intereses personales, y Alba, investigado porque presuntamente ofreció beneficios a Ramírez a cambio de que declarara cuestiones que perjudicaban a la exdiputada de Podemos.
La juez Vallejo explica que no le corresponde a ella, sino a la Audiencia de Las Palmas, en el correspondiente recurso, valorar las razones de su antecesor para cifrar en 17 millones de euros las posibles responsabilidades civiles y penales de los delitos por los que se investiga a Miguel Ángel Ramírez en esta causa.
Pero también precisa que "Seguridad Integral Canaria está liquidando la cuota que estima defraudada", vía por la que está abonando a la Seguridad Social la cantidad de 13,74 millones.
Por ello, reduce la fianza que corresponde aportar solidariamente a Ramírez y al vicepresidente de la compañía, Héctor de Armas, a 3,25 millones de euros; es decir, la diferencia entre los 17 millones de fianza que se les impuso en febrero y las liquidaciones de 13,74 millones que se están girando a la empresa.
La defensa de Ramírez había pedido a la juez que sobreseyera todo el caso, con el argumento de que Seguridad Integral Canaria nunca había ocultado a Hacienda y la Seguridad Social los pagos que realizaba a sus trabajadores, sino que los declaraba como dietas.
A su juicio, el hecho de que la empresa declarara las dietas que pagaba a su plantilla pondría de manifiesto que no "hubo ánimo defraudatorio" y dejaría el caso reducido a una controversia legal con Hacienda sobre cómo debían tributar esos abonos.
Sin embargo, la juez considera que "la diferencia entre una y otra postura radica en la existencia o no de dolo, como elemento necesario del delito y su culpabilidad", algo que no corresponde analizar en fase de instrucción, sino en un futuro juicio.
La instructora no acepta, en cambio, ampliar la causa con nuevos cargos de delito contable, insolvencia punible y fraude a Hacienda a través del impuesto de sociedades, como demandaba el sindicato USO.
La juez responde que no ve razones para ampliar la instrucción y además subraya que esta causa "ya resulta, de por sí, excesivamente voluminosa y compleja, estando conformada por más de 10.000 folios, y que acumula, por mor de diversos incidentes tanto de carácter procesal como ajenos al proceso, un notable retraso".
Carla Vallejo desestima además la petición de USO de que se decrete prisión provisional para Miguel Ángel Ramírez, por "falta absoluta de elementos que justifiquen esa medida".
Finalmente, acuerda dar traslado a todas las partes de la solicitud de nulidad de actuaciones planteada por la defensa, antes de pronunciarse sobre si la acepta o la rechaza.
