Se ha roto el tabú, pero cuesta enfocar el debate. Los partidos político ya se atreven, en general, a explicar sus posiciones en el marco de una controversia social con muy variados argumentos en pro y en contra, que cada parte tiende a resaltar u ocultar según del lado que se coloque. Estas serán sin embargo las segundas elecciones en las que los ciudadanos tendrán una idea bastante aproximada de lo que piensan las distintas candidaturas en relación con el consumo del cannabis y sus derivados. Ya se planteó abiertamente en las del 20-D y, aunque totalmente ajeno al discurrir cotidiano de la campaña, la fumata del debate político en torno a la marihuana no ha hecho más que prender. Una vez más, han sido los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, junto a IU, los que han dado el primer paso hacia la visualización de un asunto sobre el que antes se pasaba de puntillas. En Canarias ha sido NC la formación pionera en sacarlo a la luz. Estas son las formaciones claramente partidarias de la plena legalización del consumo, tenencia y cultivo de la famosa hierba, así como de la regulación de las clubes de distribución y consumo, mientras que PSOE, CC y el PP hacen algunos matices.
El fondo de la cuestión sobre la posible legalización de la marihuana es la misma desde hace tiempo. Independientemente del debate sobre sus posibles consecuencias en la salud, no hay razones objetivas por las que su regulación sea distinta a la de las drogas legales como el tabaco o el alcohol. En los últimos años, la tendencia era claramente hacia una homologación de situaciones, y una mayor permisividad hacia el consumo en España, pero las últimas reformas legales durante el gobierno del PP desde 2011 han supuesto una marcha atrás. Si los conservadores siguen en el Gobierno, las plataformas procannábicas no verán cerca su objetivo de disponer en 2017 de una legislación que regule de manera integral el cultivo, distribución y uso de la hierba con fines terapéuticos y recreativos.
En la actualidad, el consumo de marihuana o hachís no es delito siempre que se haga en un espacio privado, aunque sí lo es la tenencia o el tráfico de cualquiera de ambos productos. La ley no distingue entre marihuana terapéutica y recreativa, aunque el uso medicinal está regulado mediante receta hospitalaria y es empleada, en su forma natural, para múltiples tratamientos. Pero distintas decisiones judiciales demuestran que esta distinción está siendo cada vez más observada desde el punto de vista de los tribunales bien a la hora de dictar sentencia o de imponer sanciones. Entre tanto, a finales de 2013 apareció la ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que endureció las sanciones a los poseedores y consumidores de cannabis en la vía pública elevándolas hasta multas de entre 600 y 30.000 euros. La misma ley castiga tener plantas en casa si son "visibles" desde la calle.
En España, un 9,2 % de la población total consume de forma habitual cannabis, un porcentaje que se eleva a 17 puntos entre los jóvenes de 15 y 34 años. En Canarias, casi el 34 % de la población declara haber consumido marihuana alguna vez en su vida, un 9,3 % lo ha había hecho durante 2013 (9,2 de media estatal), el último año del que se disponen estadísticas, y un 6,3 % declaró haberla fumado en los últimos 30 días (6,2 de media española). Según datos de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, en todo el Archipiélago hay registrados un total de 124 clubes y asociaciones cannábicas, dedicadas a la producción de derivados del cannabis para abastecer a sus miembros, ya que pasar el producto a terceras personas sería considerado tráfico ilegal. De esa cifra, 45 tienen su sede en Gran Canaria (25 en la capital de la Isla), 43 en Santa Cruz de Tenerife (13 en La Laguna) y 18 en Lanzarote y Fuerteventura. Recientemente, la Plataforma Canarias Se Planta y Firma, integrada por asociaciones de consumidores de cannabis y simpatizantes, ha logrado reunir 5.000 firmas para tratar de normalizar el consumo de esta sustancia.
Sobre este marco, los partidos políticos apuntan al debate desde distintas ópticas y con diferentes conclusiones. Unidos Podemos es la candidatura que más claramente apuesta por una liberalización del consumo, tenencia y cultivo. En su capítulo sobre Justicia y Derechos Humanos, la formación liderada por Pablo Iglesias señala en su programa electoral: "Despenalizaremos el cultivo y la tenencia a nivel personal y colectivo, y regularemos la actividad de los clubes sociales de cannabis". Propone convocar "una mesa de trabajo sectorial" que presentará un propuesta al respecto "que garantice las libertades y derechos fundamentales de los consumidores y que contemple la regulación de la producción, distribución y consumo" de este producto.
C's incide en fomentar "nuevos planes contra el consumo de droga" con intervenciones dirigidas a sensibilizar sobre los efectos de su consumo, pero abre una puerta a la legalización y en su apartado Regulación del cannabis asegura que, aunque esta sustancia "como todas las drogas es perjudicial", "no obstante por razones de salud pública, apoyaremos la adopción de medidas legislativas encaminadas a la despenalización y regulación por parte del Estado de la producción y regulación del cannabis y sus derivados, tanto para su consumo particular como para su uso terapéutico". También señala que "perseguiremos severamente el tráfico y distribución de dicha sustancia".
El PSOE enfoca el asunto desde una óptica más de salud pública y recuerda que España es el líder de Europa en el consumo de cannabis, y en su programa, aparte de apostar por reeditar el Plan Nacional sobre Drogas, su compromiso se limita a "promover el debate con participación de todos los actores implicados para abordar la situación del consumo de cannabis", así como a participar en lo foros mundiales "para conocer un posible consenso internacional" sobre esta sustancia. El PSOE ya votó en 2013 contra una iniciativa en el Congreso que reclamaba la despenalización del cultivo, la distribución y el consumo de los derivados del cannabis.
Para el PP no hay debate que valga, su apuesta en claramente coercitiva tal como queda reflejado en la llamada ley mordaza. Según señaló su portavoz en el mencionado debate en el Congreso, Joaquín Villanova, una despenalización de la marihuana bajaría la edad del consumo y transmitiría un mensaje de tolerancia a las drogas, así como la banalización de sus efectos sobre la salud de los consumidores. "Es la puerta de entrada a otras drogas más duras", afirman sus portavoces, recordando que "casi la mitad de todas las muertes de tráfico había consumido cannabis". La pregunta para este debate sobre la famosa hierba es: "¿Y el alcohol no?"
