La juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, ha rebajado de 17 a 3,25 millones la fianza que su antecesor, Salvador Alba, impuso al empresario Miguel Ángel Ramírez en la causa que se sigue contra él por posible fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
La magistrada dictó ayer sendos autos en los que reduce sustancialmente la fianza al presidente de Seguridad Integral Canaria, investigado por defraudar supuestamente 13,78 millones de euros al fisco entre 2008 y 2013 al pagar a sus vigilantes jurados y guardias de seguridad las horas extraordinarias como si fueran dietas, que no tributan.
La investigación al dueño del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas se remonta a 2014. En enero de ese año la titular de dicho juzgado, Victoria Rosell, admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía contra Ramírez y el administrador único de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, por supuesto delito fiscal. En la causa están personadas como acusaciones particulares la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP- USO).
Rosell solicitó la excedencia voluntaria el 15 de octubre de 2015 para encabezar la lista de Podemos a las elecciones generales del 20 de diciembre, y el Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) se la concedió el 22 de ese mes. Entonces fue sustituida por el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, que cesó el 3 de mayo y fue relevado por Carla Vallejo, quien actualmente es juez de refuerzo de Rosell, que regresó al juzgado el 24 de mayo, tras renunciar a repetir en la plancha de la formación morada.
Choque con la fiscal
Durante la instrucción, afloraron importantes diferencias entre Rosell y la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, que, en plena campaña electoral del 20-D, reclamó medidas disciplinarias contra la juez, al considerar que se debía haber abstenido en la causa contra Ramírez, quien mantenía relaciones comerciales con la pareja de la juez, el director del diario digital Canarias Ahora, Carlos Sosa. El CGPJ archivó la denuncia del Ministerio Público contra Rosell.
Su sustituto Salvador Alba dictó un auto el 9 de diciembre de 2015 por el que impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros a Miguel Ángel Ramírez, Héctor de Armas y Seguridad Integral Canaria. Posteriormente, admitió a trámite un recurso de reforma contra esta resolución y el 2 de febrero rebajó la cuantía a 17 millones.
Casi cinco meses después, en uno de sus autos dictaminados ayer, la juez Vallejo indica que no le corresponde a ella, sino a la Audiencia de Las Palmas, valorar si el montante global de 17 millones "responde o no a cálculos adecuados" ante las posibles responsabilidades civiles y penales de los delitos por los que se investiga a Ramírez.
Tras aludir a jurisprudencia que permite cambiar las medidas de garantía acordadas, Vallejo apunta que Seguridad Integral Canaria "está liquidando en la Seguridad Social la cuota que estima defraudada", en concreto 13.784.050 euros.
Así pues, la fianza queda fijada en 3.251.950 euros, es decir, la diferencia entre los 17 millones que se les reclamaron en febrero y las liquidaciones de 13,7 millones.
Tanto la acusación particular, el sindicato FTSP -USO, como la Seguridad Social, se opusieron a esta reducción. El organismo estatal rechazó tal rebaja por apreciar que "las cantidades que está liquidando la empresa son distintas y nada tienen que ver con las que motivaron la imposición de la fianza".
Por otro lado, en su segundo auto, Vallejo estima la petición de la defensa y declara prescrito el delito contra la Hacienda Pública en 2008 y archiva las diligencias al respecto.
Sin embargo, rechaza el sobreseimiento por los delitos contra el fisco relativos a los ejercicios de los años 2009 a 2013 y de defraudación a la Seguridad Social desde 2009 hasta 2012.
Igualmente, en su escrito, se acuerda el sobreseimiento provisional por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, de modo que el sindicato personado podrá seguir en la instrucción como acusación popular, pero no como particular.
Asimismo, la juez rechaza ampliar la investigación, tal como pide la Fiscalía, por delito contable y por un delito de insolvencia punible. Vallejo estima que "la causa que se sigue ya resulta, de por sí, excesivamente voluminosa y compleja, estando conformada por más de 10.000 folios y que acumula, por mor de diversos incidentes, tanto de carácter procesal como ajenos al proceso, un notable retraso".
La juez añade que "no ha lugar" a acordar las medidas cautelares solicitadas por el sindicato, que pidió prisión provisional contra Ramírez. Ello "no cabe, atendiendo a las circunstancias del caso, el estado de la instrucción y la falta absoluta de elementos que justifiquen una medida como ésta". Vallejo desestima también, "por extemporánea", abrir una pieza separada de recusación de peritos.
En cuanto a la solicitud de nulidad de actuaciones planteada por la defensa en relación a las resoluciones judiciales dictadas por Salvador Alba, Vallejo ha dado traslado a las partes para que aleguen en el plazo de cinco días.
