En los años más duros de la crisis económica, cuando las cifras del paro se incrementaban mes tras mes y tocaba fondo el poder adquisitivo de las familias y las empresas, el conjunto de los ayuntamientos canarios forzó al máximo la recaudación fiscal para paliar la caída de los ingresos en que desembocó el cambio de ciclo económico. Así lo ponen de manifiesto las últimas estadísticas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la liquidación presupuestaria de las entidades locales. Unas estadísticas que revelan cómo las corporaciones municipales del Archipiélago recaudaron casi 160 millones de euros más en el peor momento de la crisis, es decir, entre 2010 y 2013. Una cantidad que crece sensiblemente si se tiene en cuenta todo el período de estrecheces, que comenzó en 2008 y que aún hoy no ha concluido en las Islas, no al menos para buena parte de la economía real (los hogares, las empresas...). No en vano, los ingresos fiscales de los ayuntamientos no han dejado de aumentar desde el estallido de la crisis.

Los datos del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro descubren que las entidades locales canarias recaudaron en 2010 algo más de 1.031 millones en concepto de impuestos directos, impuestos indirectos y tasas y precios públicos. Ese fue el montante, por tanto, en el tercer año de estrecheces para las familias y las pymes de la región, año en el que la suma de los ingresos presupuestarios de los ayuntamientos, que hasta entonces habían resistido, se redujo por primera vez (pasó de superar los 2.500 millones de euros a los 2.300 millones). En el siguiente ejercicio, el de 2011, continuó la caída del total de los ingresos, que superó por poco los 2.100 millones de euros; sin embargo, y en paralelo, la recaudación fiscal se incrementó en prácticamente 34 millones, hasta algo más de 1.065 millones de euros. Ya en 2012, el quinto año de crisis, aquellos 1.065 millones serían 78,2 más (1.143,3 millones de euros). Y la tendencia seguiría también en 2013, cuando los 1.143 millones de 2012 casi llegaron a 1.189 millones de euros, esto es, 45,5 millones más. En definitiva, las corporaciones municipales canarias recaudaron 157,7 millones más entre 2010 y 2013, el período más duro de la crisis.

Las cifras evidencian que los ayuntamientos del Archipiélago no solo se aplicaron en la reducción de gastos para conseguir la ansiada estabilidad presupuestaria, sino que lo hicieron también en el capítulo de los ingresos. De hecho, y a falta de que Hacienda y Administraciones Públicas publique los datos de la liquidación de los presupuestos correspondiente a 2015, los ingresos fiscales de las entidades locales de las Islas tocaron techo en 2014, cuando ascendieron a cerca de 1.250 millones de euros. Para contextualizar estos números basta con compararlos con los de 2007, el último ejercicio de la bonanza. Aquel año, los impuestos y las tasas les reportaron a las arcas municipales tan solo 898 millones, de modo que el aumento en el período 2007-2014 es de unos 350 millones de euros, un 40% más. En otras palabras: los ayuntamientos cobran hoy a los contribuyentes, de media, cuatro euros más por cada diez de los que percibían cuando la crisis ni tan siquiera se atisbaba.

Bienes Inmuebles

Si ha habido estos años un tributo que se ha erigido en el salvavidas de las cuentas públicas municipales ese ha sido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI, la joya fiscal de los ayuntamientos. En 2010, el conjunto de los consistorios de la Comunidad Autónoma se embolsó prácticamente 410 millones de euros gracias al IBI. En 2014, aquellos 410 millones fueron ya casi 494, un 20,5% más. El IBI urbano, el que más fondos deja en las arcas públicas, supuso en 2010 un coste para los propietarios de inmuebles en Canarias de 395,9 millones; un montante que en 2014 superaría los 472,6 millones, un 19,4% más.

Hay que recordar que Hacienda ha puesto en marcha un plan de regularización con el que trata de combatir el fraude. El Catastro está haciendo aflorar construcciones ocultas a efectos administrativos, es decir, aquellas (un balcón cerrado, una piscina, una terreza techada ...) por las cuales sus propietarios no están pagando la contribución.