Las diferentes administraciones perdieron en Canarias durante el año pasado 3.909 trabajadores, el 15,3% de los 25.524 empleos destruidos en el sector público en el conjunto del Estado. Ayer, durante la presentación del informe Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado, el secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-Canarias, Pedro Costeras, acusó a Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), que sustentan el actual Gobierno regional, de "pegarse una auténtica bacanal" a la hora de mermar los derechos de los trabajadores del sector y adelgazar las plantillas.
El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas cifra en 116.561 el número de empleados del sector público en el Archipiélago. El dato corresponde a enero de este mismo año y contrasta con los 130.157 que existían al inicio de 2010. Estos seis años, en los que se han concentrado los recortes, la pérdida de empleo en el ámbito público se ha llevado por delante 13.596 puestos en las Islas. En términos relativos, la caída es del 10,4%.
Tiene consecuencias
A juicio de Costeras, que situó en el inicio de la época de "cambios unilaterales de las condiciones de trabajo" a "José Manuel Soria (PP) cuando era consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias", el adelgazamiento de plantillas en el sector público conlleva una "notable pérdida de calidad en los servicios. Aumentan las ratios de alumnos por clase, no hay manera de que las listas de espera sanitarias se reduzcan, sabemos lo que cuesta cobrar una Prestación Canaria de Inserción (PCI) y gestionar una ayuda a la Dependencia", enumeró.
El sindicalista lamentó que los socios en el Gobierno canario presuman de cumplir el objetivo de déficit impuesto por el Ministerio de Hacienda. "No me extraña que lo consigan, pero lo pagan los trabajadores públicos y los ciudadanos, que ven cómo se pierden derechos y calidad en los servicios".
La Administración local es la más afectada por la pérdida de trabajadores durante los últimos seis años. El secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-Canarias afirmó haberse enfrentado a expedientes de regulación de empleo "espectaculares" en los ayuntamientos. Como ejemplo puso el del municipio de La Oliva, que los tribunales anularon a instancias de los sindicatos. "Sin embargo, el ayuntamiento decidió despedir de manera improcedente pagando 45 días por año trabajado; por dinero para echar a los empleados que no sea", ironizó Costeras, para quien comportamientos de este tenor se traducen en reducción de servicios a los ciudadanos "justo en época de crisis, que es cuando más los necesitan".
Consistorios y cabildos canarios -principalmente los primeros- han perdido prácticamente la cuarta parte (23,5%) de los 39.180 empleados con que contaban en enero de 2010; 9.229 son los despidos y amortizaciones de plazas registrados en los últimos seis años. En términos absolutos le sigue el aparato de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 3.226 empleados menos en su nómina (-5,2%), mientras que en porcentaje son las delegaciones de la Administración General del Estado en las Islas (-8,9% y 2.373 trabajadores menos) las segundas más afectadas.
En torno a este último nivel de la Administración gira el informe presentado ayer en la capital grancanaria por el responsable nacional de Administración General del Estado de CC OO, José Manuel Vera. Aun manejando unos datos menos dramáticos (en torno a 400 trabajadores públicos menos entre 2011 y 2016), recalcó que la incidencia de la caída del empleo dependiente de la Administración central en las Islas se ha visto suavizada con respecto al conjunto del Estado por "la apertura del centro penitenciario Las Palmas II". Con todo, recalcó la necesidad "de invertir la tónica" para garantizar la preservación "de los derechos de los ciudadanos".
