El Consejo de Gobierno llevará la próxima semana en su orden del día la aprobación del proyecto de la ley del suelo para remitirla al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social (CES). El intento de aprobarla esta semana quedó frustrado como consecuencia de la falta de un informe que no figuraba dentro de los documentos necesarios que debe acompañar a la ley y en el que debía justificarse la contestación a las numerosas alegaciones presentadas al texto del Gobierno.
En el índice de alegaciones se contempla cada observación presentada y si se ha integrado o no en la norma y los motivos. El procedimiento establecido obliga a que queden reflejadas en un informe las sugerencias que se hayan realizado durante el proceso de información pública y remitir a los organismos, colectivos y personas que hayan alegado el citado informe. En caso contrario, el Ejecutivo se enfrenta a posibles recursos y reclamaciones que pueden interrumpir el proceso abierto cuando se aprobó el anteproyecto de ley.
El Ejecutivo mantiene que el texto que se va a remitir a los órganos consultivos de la Comunidad Autónoma no va a ser el mismo que se aprobó en un primer momento, pese a la desconfianza de los detractores del texto.
A este respecto se pronunció ayer la plataforma creada en contra de la ley del suelo. Un comunicado remitido por el sindicato UGT, que forma parte de este movimiento, critica "las prisas" del Ejecutivo por aprobar la nueva norma territorial. "Esta actitud del Ejecutivo autonómico, de intentar aprobar el anteproyecto de la ley del suelo apresuradamente y sin respetar el procedimiento establecido, denota una falta total de transparencia y de respeto a la participación ciudadana", opina este colectivo, formado por sindicatos, partidos políticos y organizaciones ecologistas.
La plataforma contra la reforma de la Ley del Suelo sostiene que el Gobierno canario "no ha contestado a ninguna de las alegaciones presentadas por organizaciones y particulares", algo que considera "grave", ya que este proyecto derogará directrices de ordenación de Canarias.
El Ejecutivo tiene los plazos muy ajustados para presentar el texto en la Cámara autonómica antes de las vacaciones de agosto. Tanto el Consejo Consultivo como el CES tienen hasta un mes para aprobar sus respectivos dictámenes, lo que implica que hasta finales de julio no tendrá el Ejecutivo estos informes y sobre ellos tendrá que volver a realizar aquellas modificaciones que estime convenientes, ya que los dictámenes son preceptivos pero no vinculantes. Por el momento el Ejecutivo sostiene que presentará el proyecto de ley en el Parlamento en los plazos establecidos desde el principio.
