El Gobierno canario paga cada mes más de medio millón de euros (576.555 euros) en los alquileres de inmuebles que utiliza para albergar servicios de diferentes consejerías, organismos autónomos, empresas públicas, juzgados y oficinas de empleo de la Comunidad. Pese a los esfuerzos que viene realizando desde que empezó la crisis la Dirección General de Patrimonio, que ha logrado reducir a más de la mitad el coste de los arrendamientos al deshacerse de inmuebles alquilados por valor de unos 17 millones de euros entre las dos legislaturas anteriores, en la actualidad las 64 edificaciones arrendadas repartidas por todas las Islas suponen un gasto para la arcas comunitarias de 6,9 millones de euros al año. El objetivo es seguir reduciendo el importe en alquileres al máximo, indica el director general de Patrimonio, Arturo Cabrera.
Para recortar gastos durante la crisis, el Gobierno de Paulino Rivero se marcó el objetivo de extinguir todos los alquileres que pagaba al finalizar el mandato en 2015. Sin embargo, mientras en Las Palmas de Gran Canaria casi se ha logrado el coste cero, derivado principalmente por la construcción de la Ciudad de la Justicia y la adquisición del edificio de Usos Múltiples III, en Santa Cruz de Tenerife es donde persiste el embudo.
Solo el coste del edificio de la avenida Tres de Mayo, que alberga, entre otros departamentos, servicios de educación, agricultura o de intervención, cuesta la mitad del total de los arrendamientos, en torno a los 277.000 euros al mes, según datos del 2013.
Ciudad de la Justicia
Este inmueble de usos múltiples de seis plantas puede albergar a unos 800 empleados que tendrían que ser reubicados. Según indica el director general de Patrimonio, a lo largo de este año se llegará a una solución ya que el Gobierno materializará la opción de compra, que han tenido que aparcar por los problemas presupuestarios en ejercicios anteriores. Precisa que la adquisición conlleva que se descuente del precio un 30% del importe del alquiler pagado, aunque aún no ha negociado el coste que abonará por el inmueble.
Otro de los problemas se centra también en torno a la avenida Tres de Mayo, donde están los edificios de los juzgados de lo contencioso-administrativo, mercantiles y de lo social, por los que se desembolsa en torno a 1,3 millones de euros al año. Para reubicar a los empleados que trabajan en estas infraestructuras, el Gobierno necesita un edificio de grandes dimensiones. En principio se pensó en comprar un inmueble de la ciudad, pero finalmente se ha decidido construir una Ciudad de la Justicia, similar a la que ya funciona en la capital grancanaria, por el crecimiento de los servicios de los juzgados en esa capital. Arturo Cabrera indica que la edificación se realizará en unas parcelas de en torno a 40.000 metros cuadrados que la Comunidad Autónoma tiene en la misma avenida Tres de Mayo, en donde se está concentrando el centro administrativo de la capital tinerfeña.
Con ambos proyectos, esperan acabar con las cargas más onerosas en los alquileres de la comunidad y concentrar aún más los servicios reubicando a los funcionarios.
De hecho, la mayoría de los alquileres que se pagan con recursos públicos son juzgados, no sólo en Tenerife sino en Fuerteventura y en La Palma. Las rentas también son de infraestructuras para albergar servicios de la Agencia Tributaria Canaria en islas como La Gomera o en los aeropuertos para las actuaciones de vigilancia fiscal, tanto en Gran Canaria, como en Lanzarote y en los dos de Tenerife.
El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), un organismo autónomo, adscrito a la Consejería de Presidencia, radica también en oficinas arrendadas en Santa Cruz de Tenerife. Este instituto tiene como tarea la formación y el perfeccionamiento de los funcionarios en la administración autonómica y en la local.
Las sedes de la Radio Televisión Canaria (RTVC) en ambas islas capitalinas forman parte de los inmuebles arrendados que pagan los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Además, con la crisis se tuvieron que abrir más oficinas de empleo para cubrir la demanda de los desempleados. De los 64 inmuebles alquilados 16 corresponden al Servicio Canario de Empleo. El director general de Patrimonio expone que aunque su propósito es llegar al menor número de arrendamientos posible, continuando con el plan para trasladar las instalaciones administrativas en régimen de alquiler a edificios en propiedad de la Comunidad Autónoma, se seguirá alquilando o se mantendrán rentas si así lo requiere "la eficiencia en la gestión y dar servicios a la población".
En el caso de las oficinas de empleo, repartidas por todas las Islas, considera que aún es pronto para deshacerse de estos inmuebles pues la atención a los desempleados, con una tasa de paro del 26,75% en las Islas, sigue siendo una prioridad.
En Las Palmas de Gran Canaria se produjo un enorme ahorro en alquileres con la construcción de la Ciudad de la Justicia, al reubicar en estos edificios todos los juzgados que estaban dispersos, por lo que quedan pocos inmuebles arrendandos en la capital grancanaria, . En estos momentos, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías radica en una de las plantas alquiladas al Instituto Tecnológico de Canarias y también está arrendada la sede del Centro Nacional de Formación Ocupacional que da cursos a desempleados y de perfeccionamiento técnico docente.
