El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria suspendió ayer la ronda de declaraciones acordada para investigar la grabación clandestina que el empresario Miguel Ángel Ramírez hizo al magistrado Salvador Alba durante una reunión mantenida en su despacho de la Audiencia de Las Palmas. Alba estaba citado como denunciante y Ramírez y el abogado Sergio Armario como investigados, pero el juez instructor aplazó las declaraciones hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Canarias (TSJC) le remita una pericial sobre la integridad de dicha grabación.

La suspensión de los interrogatorios se produjo a petición de Alba porque su letrado, Nicolás González-Cuellar, tenía un juicio en Madrid y no pudo desplazarse hasta la capital grancanaria para asistirlo en la declaración. En un principio se barajaron los meses de septiembre y de octubre para volver a fijarla, pero el juez instructor, Rafael Passaro, ha optado por aplazar las comparecencias sine die (sin fecha). Antes quiere conocer el resultado del informe pericial encargado por la magistrada Margarita Varona, que indaga en el TSJC si Alba ha podido asesorar de manera ilegal a Ramírez o ha podido incurrir en prevaricación al pactar una declaración judicial para perjudicar la carrera política de Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos y ahora al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, tras cesar su situación de servicios especiales en el Congreso.

Passaro solicitará al TSJC una copia de la grabación aportada por Ramírez, que fue citado como testigo por Varona para que entregara el audio original. Sobre ese archivo sonoro, la magistrada ha encomendado a la Guardia Civil una pericial para determinar si la grabación está cortada o ha sufrido algún tipo de manipulación, entre otras cuestiones destinadas a verificar el dispositivo y la manera en la que se registró la conversión. El resultado de esa prueba, cuando esté terminada, es lo que quiere examinar el Juzgado de Instrucción número 2 antes de interrogar como investigados al empresario y al letrado.

El juez accedió a suspender las declaraciones a regañadientes, tras recriminar a Alba los problemas que ponía para ratificarse, lo cual genera indefensión a los denunciados e impide avanzar en la instrucción al no concretarse los supuestos hechos delictivos.

Al ser la segunda vez en dos semanas que se aplazan los interrogatorios a petición de Alba (la citación del 14 de junio le coincidió con un juicio en la Audiencia), el fiscal José Antonio Díez pidió el sobreseimiento provisional ante la imposibilidad de investigar los hechos si no es ratifica la denuncia, que va dirigida contra Ramírez y Armario por los delitos de revelación de secretos, injurias, calumnias, falsedad y coacciones. La defensa apoyó la petición por el perjuicio que la indeterminación del denunciante causa a sus clientes.

Alba revela que, cuando sustituyó temporalmente a Rosell en Instrucción número 8, recibió presiones para darle trato de favor a Ramírez en la causa por fraude fiscal en la que éste está imputado, y se comprometió a aportar mensajes, correos y nombres para acreditar dicho plan, incluidos compañeros de la Audiencia sobre los que el empresario aseguraba tener influencia. Todo eso lo quiere concretar el juez antes de continuar con la instrucción porque la denuncia es demasiado genérica.

Alba, en ese sentido, se comprometió ayer a ratificar los hechos, pero exigió que se respete el Estatuto de la Víctima, es decir, los derechos inherentes a esa condición, entre ellos que se le tome declaración con el abogado elegido para personarse en las actuaciones, pues todo lo que afirme en ese proceso, donde está obligado a decir la verdad, puede afectar a la causa abierta por el TSJC al revelar Ramírez el contenido de su grabación.